Más obras paradas que nunca

Pendientes desde hace casi una década

Paradas desde hace una década se encuentran el tramo privado de la ronda Norte, que dejó a medio ejecutar Marín Hilinger en el 2008 y que Urbanismo quiere retomar; el Parque de Levante, fruto de un convenio entre Urbanismo y Prasa que quedó atascado ese mismo año y que el organismo prevé reiniciar; y la antigua Azucarera de Villarrubia, cuya urbanización quedó en stand by y que está entre los planes municipales.

Las paralizaciones más recientes

A estas se ha sumado este año el centro de convenciones del Parque Joyero, que está en pleno proceso de resolución de contrato por parte del Ayuntamiento tras meses de parón a raíz de un modificado de obra rechazado. En este caso, administración y empresa, que, además, está en concurso de acreedores, no se han puesto de acuerdo y se culpan mutuamente. En segundo lugar está la biblioteca de los jardines de la Agricultura, que el Ministerio de Cultura paró hace un año para tramitar un modificado con el fin de incorporar novedades sobre eficiencia energética, que no ha autorizado la Intervención General del Estado por superar el 10% permitido, por lo que, tras llegar a un acuerdo con la adjudicataria, prepara un proyecto nuevo, que debe licitar, para acabar lo que queda introduciendo mejoras. Por último, está la cuarta nave del parque logístico, obra de la Junta parada al poco tiempo de empezar a raíz de un modificado exigido por la adjudicataria con el que empezaron las discrepancias. La Junta ha resuelto el contrato y ha convocado un nuevo concurso. Estas obras se encomendaron con cantidades un 24%, 32% y 34%, respectivamente, inferiores a las del presupuesto de licitación.

Iniciativas atascadas que echaron a andar

Hay otros dos proyectos que estaban atascados y que se reanudaron. Por un lado, la reforma de la antigua Magisterio, que debía estar terminada en el 2015 pero que quedó parada medio año por diferencias entre Urbanismo y la adjudicataria que acabaron en el juzgado. La empresa retomó los trabajos pero el edificio sigue cerrado por flecos que no terminan de resolverse. El otro proyecto es el Palacio de Congresos de Torrijos, cuya reforma quedó paralizada casi dos años por problemas entre la empresa encargada de ampliar el salón de actos y la Junta que acabaron en resolución de contrato y en una nueva adjudicación a otra empresa que está trabajando allí. En un caso y en otro se había producido una rebaja del 14% y del 20% en el presupuesto de licitación. Estas actuaciones tienen el denominador común de haber sido objeto de modificados, que, si no están recogidos en los pliegos o no son por imprevistos permitidos, suelen derivar en paralización.

El momento con más obras paradas en Córdoba

«Nunca se ha dado tanta paralización de obras», asegura el presidente de Fadeco Contratistas y secretario general de la Asociación de Empresarios de la Construcción, Francisco Carmona. Lo más frecuente son «obras que salen a licitación y se adjudican con bajas excesivas, del 25% o 30%, lo que las aboca a la paralización porque a la empresa le resulta muy difícil defenderlas sin pérdidas». A su juicio, «la mesa de contratación termina por aceptar cualquier justificación con tal de no demorar el inicio de la obra y de que se realice por un precio inferior» y, «al final, la actuación acaba paralizada». A esto se suma que la administración, «en vez de ejercer sus potestades», por «evitar que se judicialice su actuación y se cuestione la legalidad de la misma», intenta llegar a un acuerdo con la empresa, que a veces se produce pero otras acaba en el juzgado.

Rebajas del 30% al 40% se convierten en algo normal

En el servicio de contratación de una de las administraciones consultadas están acostumbrados a recibir ofertas que rebajan el presupuesto de la obra un 30% o 40%, que son cada vez más frecuentes y que derivan en «incumplimientos». «Bajas desproporcionadas hay muchísimas y en los tres o cuatro últimos años son brutales», señalan. Aunque las mesas de contratación rechazan ofertas temerarias no justificadas, «las medias calculadas son muy bajas porque las empresas intentan lograr obras para mantener el empleo y van prácticamente a coste, por lo que, con que haya un error de cálculo, incurren en pérdidas y no terminan la intervención». Estas fuentes insisten en que «las bajas no son motivo justificado de modificación» y que el técnico «es el responsable cuando informa de que se puede hacer una obra», por lo que «ahora mismo ninguno acepta una baja desproporcionada».

Cambios derivados del proyecto redactado

Aunque la mayoría de los expertos consultados consideran que las rebajas en los presupuestos son los principales motivos de modificación y paralización de obras, muchos culpan también a los errores en los proyectos. Por un lado, y según Francisco Carmona, hay proyectos que se redactaron hace tiempo y, cuando se recuperan, «no están adaptados a las nuevas exigencias técnicas». Otra circunstancia es que «no están suficientemente definidos», sobre todo, en cuanto a servicios e instalaciones. En ambos casos, si el cambio no supera el 10% del coste, no hay problema, pero si lo sobrepasa, se produce el atasco. Fuentes de una constructura indican que, además de «bajas tremendas con las que no puedes hacer una obra», hay proyectos «mal hechos porque la Administración es tan poco operativa que saca iniciativas de hace diez años y el precio se duplica».

El decano del Colegio de Arquitectos, Felipe Romero, cree que «las bajas son el problema» y que las paralizaciones se deben más a la «picaresca». Romero indica que «antes la Administración era más permisiva, pero ahora no».

No todo es picaresca, aunque hay trampas

«No todo es corrupción» o picaresca, que era más frecuente antes de la crisis, y en la mayoría de las ocasiones las modificaciones «están justificadas» porque «los proyectos no recogen todas las singularidades de una obra», ya que pueden surgir incidencias geotécnicas, arqueológicas o medioambientales. Eso es lo que piensa una empresa de control de calidad, que explica que con frecuencia se da otra circunstancia, «las modificaciones sin repercusión económica», que implican cambios que no necesitan aumento de coste y que, bajo la excusa de una mejora de la calidad, suponen en realidad una merma de la misma «y beneficios para la constructora». En este sentido, el cambio de materiales es frecuente.

Reclaman auditorías de calidad de los proyectos

En un momento en el que proliferan los modificados de obra y que se producen tantas paralizaciones «por dejadez de una de las dos partes», hacen falta mayores controles. Al menos eso es lo que piensa un letrado de los servicios jurídicos de una de las administraciones consultadas. «Se debería incluir cierta incompatibilidad entre el redactor del proyecto y el director técnico de la obra o someter a auditorías de calidad los proyectos para ver si son realizables», ya que suelen producirse conflictos en actuaciones en las que el arquitecto que redactó la iniciativa se encarga también de la dirección técnica. Respecto a las bajas «impresionantes» que se dan, sobre todo, a raíz de la crisis, estas fuentes jurídicas detectan que a veces las justificaciones que realizan las empresas «no son ciertas y las administraciones se ciegan con tal de tener el menor coste posible, pero no siempre lo barato es lo mejor».

Un problema común a todas las administraciones

Ninguna administración escapa a los modificados, según subrayan otras fuentes jurídicas. «Las empresas bajan los precios y acuden confiadas en que se les va a aprobar el modificado y luego chantajean a la administración, porque, si no se les aprueba, tienen mil artimañas para paralizar los trabajos», señalan. Estos modificados «desnaturalizan» los concursos porque «se vulnera el principio de igualdad», ya que «adjudicas el contrato con determinadas condiciones que al final de la obra no lo son», aseveran. Estas fuentes aseguran que la nueva ley de contratos, ya publicada en el BOE, por lo que entrará en vigor en cuatro meses, «abre más el abanico» y permite modificados que superen el 10% del presupuesto de adjudicación, fijando el tope en el 50%. Unos expertos piensan que con esa subida aumenta el margen de negociación entre Administración y empresa pero otros creen que puede contribuir a que haya más modificados de obra.