La muerte el pasado lunes de una mujer por un disparo de su marido, que después se suicidó, ha sido calificada como crimen machista. Este suceso ha sido el único destacado, por su gravedad, en los últimos meses en Córdoba. Pero en otros puntos del país ocurrían al mismo tiempo otros hechos similares. La muerte de Piedad ha sido la primera que se produce en Córdoba este año por esa causa, pero no es el único suceso que se contabiliza de violencia sobre la mujer, pues los datos que se manejan demuestran que es un problema muy grave que hay que seguir combatiendo.
Seguridad
Lo primero que se requiere son más agentes de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. Tanto Guardia Civil como Policía Nacional presentan carencias considerables de efectivos para atender este tipo de problemática. Algunas organizaciones policiales han indicado a este periódico que la falta de plantilla es tal que cuando a alguna mujer se le concede el grado extremo de protección supone que el coche y los agentes que tienen que permanecer vigilando el caso dejan de prestar servicios en otro ámbito, como es el de la seguridad ciudadana. En violencia de género, según las fuentes consultadas, hay seis vacantes en esta área.
Justicia
Otro de los frentes donde también se habían reclamado refuerzos era el judicial. Al respecto, la Junta de Andalucía ha anunciado esta misma semana que va a invertir más de 200.000 euros en reforzar la atención a las víctimas de violencia de género en los juzgados de Córdoba. La Consejería de Justicia señalaba que se va a dotar a los órganos que tienen competencia en esta materia de 9 interinos y que además se pretende crear una nueva Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género (Uvivg). En concreto, los nueve interinos serán del cuerpo de tramitación e irán destinados a los juzgados que tienen competencias en esta materia (Cabra, Lucena, Pozoblanco, Aguilar, Priego, Puente Genil, el de violencia sobre la mujer número 1, el penal 6 y la sección tercera de la audiencia). Con ello, se pretende agilizar la tramitación de los expedientes y mejorar la atención a la ciudadanía. Por su parte, la creación de la segunda Uvivg supondrá dotar de un equipo multidisciplinar completo, con un médico forense, un psicólogo, un trabajador social y un administrativo más.
Casos anónimos
Todos estos recursos son vitales de cara a los casos que se denuncian o que llegan a las comisarías, juzgados, cuarteles de la Guardia Civil y oficinas de información a la mujer, pero todavía siguen siendo muchos los casos de agresión y violencia machista que no llegan a ninguna de estas instancias. El caso de Iznájar es uno de ellos, en su vertiente más extrema. Ahí entra en juego el factor educativo y el trabajo conjunto que pretende el Pacto de Estado, en el que se quiere implicar a todas las partes para combatir esta lacra, empezando desde el origen, que es la educación, así como cambiar protocolos de actuación tanto policiales como judiciales y sociales.
Los datos
Entrando en datos concretos sobre esta realidad en la provincia de Córdoba, según el sistema Viogen para el seguimiento integral de los casos de violencia de género, a 31 de marzo de este año había activos 978 casos de seguimiento integral de los casos de violencia de género, de ellos uno es calificado como extremo, 5 de riesgo alto, 225 de tipo medio y 495 de nivel bajo. Otros 252 casos no están calificados. Además, en el mes de marzo, el servicio telefónico del 016 ha atendido 44 llamadas, cifra inferior al mismo mes del año anterior, cuando ascendió a 60.
En el primer trimestre, las llamadas recibidas en este servicio fueron 222, un 1% menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando fueron 225. En cuanto al sistema de seguimiento telemático (pulseras) de las medidas de alejamiento, en primer trimestre del año había instalados en Córdoba 23, lo que supone un aumento del 64,3% respecto al año anterior, cuando solo había 14.
El año pasado se recibieron, según la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en total 1.826 denuncias, de las que 1.732 víctimas eran españolas y 117 mujeres extranjeras; y se dictaron 406 órdenes de protección. Además, se dictaron 75 sentencias, de las que 44 fueron condenatorias y 31 absolutorias.
