La Guardia Civil ha detectado 267 infracciones administrativas durante la temporada de caza, sobre todo en los municipios de Hornachuelos, con 157; Villaviciosa de Córdoba, con 123; y Córdoba, con 104, según un comunicado del Instituto Armado. En el pasado periodo de caza mayor se han inspeccionado 112 cacerías, entre monterías, ganchos y batidas, de las 493 autorizadas por la Delegación de Medio Ambiente, todas ellas actuaciones enmarcadas en 252 servicios, la mayoría del Seprona. De las 906 actuaciones desarrolladas, 112 han sido inspecciones de actividades cinegéticas; otras 468 controles, identificaciones de vehículos y personas, y 267 denuncias por infracciones administrativas.

Entre las infracciones detectadas destacan 106 vulneraciones de la normativa reguladora de los animales de compañía y peligrosos; ocho en materia de armas, la mayoría por posesión sin necesidad o sin justificación, respecto a los episodios de furtivismo tanto consumados o detectados antes de la ejecución. El número mayor de infracciones apreciadas fueron por vulneración de la normativa reguladora de la actividad cinegética, como caza sin licencia, sin seguro, en línea de retranca o de especies distintas a las autorizadas, así como cazar sin prendas de alta visibilidad, concepto introducido en el nuevo Reglamento de Caza del 2017. También se instruyeron dos diligencias penales por la comisión de sendos delitos contra la fauna, vinculados con episodios de furtivismo.

La Guardia Civil ha intervenido en estas actuaciones un arma de fuego y cinco ciervos, que ha puesto a disposición de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para la instrucción de los respectivos expedientes sancionadores o diligencias.

En un comunicado, el instituto armado ha explicado que los esfuerzos de las unidades participantes se han orientado a completar tres líneas de trabajo. En primer lugar, el control y verificación de las medidas de seguridad necesarias para celebrar la actividad cinegética propiamente dicha, así como la verificación de permisos y pertenencias de armas. En segundo lugar, han puesto especial énfasis en la verificación de las exigencias normativas para el transporte de animales vivos y, por último, la Benemérita ha señalado que el control de las condiciones higiénico-sanitarias de las reses abatidas ha completado el procedimiento puesto en marcha.