El delegado de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Ángel Herrador, ha mantenido este martes una reunión con empresas instaladas en el Parque Científico Tecnológico Rabanales 21 dentro de los encuentros que está manteniendo con diferentes colectivos empresariales para informarles sobre la tramitación de los ERTEs y de las acciones en materia económica que el Gobierno andaluz está llevando acabo ante la crisis del coronavirus.
El responsable territorial ha calificado de excepcional la situación que estamos viviendo que está suponiendo un aluvión de ERTEs, expedientes temporales de regulación de empleo, pero sobre el que ha querido mandar un mensaje de tranquilidad, todas las empresas se están acogiendo a suspensiones temporales, ahora mismo lo que menos hay son despidos”.
Herrador ha afirmado que en lo primero que hay que centrarse en situaciones como esta es conseguir que los trabajadores tengan una renta de sustitución para hacer frente a sus gastos diarios y las empresas tengan liquidez. "Por eso, desde el principio hemos redoblado esfuerzos y personal porque la prioridad de la Consejería es resolver los ERTEs para que el SEPE pague cuanto antes a los trabajadores, y las empresas puedan acogerse a las medidas del Gobierno", ha explicado.
Al mismo tiempo, ha continuado el delegado, la Junta ha trabajado a la vez en buscar fórmulas y soluciones, dentro de sus competencias, para apoyar a las empresas en estos momentos, “tenemos claro que hay que cuidar al empresariado más que nunca. Nosotros tenemos que crear mecanismos de apoyo para que vosotros os recuperéis cuantos antes. Y en eso venimos trabajando desde que se declaró el Estado de Alarma”.
La directora general de Rabanales 21, Eva Pozo ha subrayado que el Parque está volcado en ayudar a sus empresas en estos momentos y ha ofrecido los servicios de la entidad gestora para colaborar con ellas en la solicitud o gestión de las diferentes ayudas y medidas que se están poniendo en marcha desde la administración.
Medidas Económicas
Entre las medidas principales puestas en marcha, la más reciente es la aprobada la semana pasada (8 de abril) y centrada en cubrir con una ayuda de 300 euros la cuota de abril de aquellos autónomos afectados por el Covid-19 que se han quedado fuera de las medidas aprobadas recientemente por el Gobierno central por el cese de actividad.
A esta hay que sumar la convalidación a finales de marzo por el Parlamento, del Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva de Andalucía.
La semana pasada también (7 abril) Economía convocaba ayudas por valor de 43 millones de euros para fomentar la I+D+i empresarial. Se trata de las dos primeras convocatorias de las 5 previstas para este año para reactivar esta línea financiación. Además facilita el acceso a los incentivos abriendo el plazo de solicitud después del estado de alarma.
Entre las medidas específicas de apoyo financiero a autónomos y pymes se ha lanzado un primer paquete de medidas urgentes que movilizará 900 millones de euros destinados a autónomos y pymes; para solventar problemas de liquidez, se concede una subvención de hasta 36 millones de euros a la sociedad de garantía recíproca Garántia para avalar operaciones financieras a pymes y autónomos; se articulan avales para dar respuesta a las necesidades de las empresas, destinando 20 millones para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico, gestionado a través de IDEA; y se incrementa también en 9 millones de euros, hasta alcanzar los 22 millones, la línea de ayudas destinadas a proyectos de Transformación Digital de las pymes destinadas a posibilitar el teletrabajo.
Asimismo, se han aprobado reducciones de trámites y requisitos administrativos para optar a incentivos para el desarrollo industrial, y relacionado con esto, se han ampliado 18 meses los plazos a las empresas para justificar las ayudas recibidas.
A esto hay que sumar que la Junta de Andalucía no suspenderá los pagos a las empresas contratadas por la Administración a pesar de que éstas no puedan desarrollar sus actividades siempre que la empresa acredite la permanencia de la plantilla en las mismas condiciones
