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JORNADA JURÍDICA EN CECO

Cuestionan la construcción de un tanatorio en San Rafael

Empresarios piden al Ayuntamiento que el plan de Cecosam «se ajuste a derecho»

 

Cecilio Valverde, Manuel Rebollo, Antonio Díaz, Francisco Enríquez y Dolores Jiménez, ayer en CECO. - MIGUEL ÁNGEL SALAS

Paula Lara Paula Lara
13/02/2018

La legalidad o no del proyecto de construcción de un tanatorio por parte de la empresa municipal Cecosam en el cementerio de San Rafael fue ayer el tema del debate de la jornada jurídica organizada en la sede de CECO. El presidente de Tanatorios de Córdoba, Francisco Enríquez, pidió al Ayuntamiento que las actuaciones previstas de Cecosam en el cementerio de San Rafael «se ajusten al derecho» y recordó que su grupo empresarial no se opone a la competencia, aunque hizo la petición a los grupos municipales de que «exista certeza jurídica de la viabilidad del proyecto».

Según Francisco Enríquez, la puesta en marcha del tanatorio en la avenida de Barcelona supondría dejar al 60% de la plantilla de Tanatorios Córdoba sin trabajo y «poner en grave peligro a una pyme cordobesa». Según sus datos, Tanatorios Córdoba cuenta con 80 empleados directos y otros 100 indirectos.

Ante esa situación, tanto el abogado Cecilio Valverde como el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba, Manuel Rebollo Puig, respondieron a la pregunta: «¿Es legal el proyecto de construcción de un tanatorio en el cementerio de San Rafael?».

Según Cecilio Valverde, el PGOU vigente es «tajante» al establecer que los tanatorios solo se pueden construir en «suelo no urbanizable» y además, tampoco se puede en el cementerio de San Rafael, porque «se encuentra dentro del casco urbano y carece de las distancias míninas a viviendas para su ampliación».

Por su parte, Manuel Rebollo calificó de «ilegal la actividad», porque los tanatorios no son un servicio público, sino una actividad empresarial. Para que el Ayuntamiento la realizara tendría que contar con la aprobación del pleno y además no recibir privilegios ni ayudas municipales para «no violar la ley de libre competencia».

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