Un bebé que viene al mundo en una familia que comete negligencias constantes en su cuidado, una niña víctima de abusos por parte de alguno de sus progenitores, dos hermanos que se quedan sin madre tras un caso de violencia machista, un menor que viaja solo en patera desde el otro lado del Estrecho y acaba en un centro de menores. Es la realidad que a diario gestiona el área de Protección de Menores de la Junta de Andalucía, encargada de velar por el bienestar de los niños y gestionar las denuncias de desamparo para garantizar los derechos de la población más vulnerable. Muchos de esos casos acaban en los juzgados con la retirada de la tutela de los menores, que permanecen en centros de protección hasta que es posible que se inserten en el seno de una familia de acogida. Algunos pasan el resto de su infancia hasta la mayoría de edad en una institución que deben abandonar al cumplir los 18 años.
Actualmente, según la Junta, solo en la provincia de Córdoba hay 161 niños de distintas edades susceptibles de ser acogidos que esperan que se les asigne hogar. La Asociación de Voluntarios de Acción Social (AVAS) es la encargada de realizar el proceso de recepción y formación de las familias de acogida. Según la directora de AVAS, Araceli Medina, unas 180 familias acogedoras en la provincia -«un número que oscila a lo largo del año»- realizan esta labor, basada en la solidaridad, aunque «siempre hacen falta más». Cuando una familia desea acoger a un menor, AVAS comprueba que se trata de un hogar «que puede proporcionar estabilidad en todos los sentidos al niño y que sus miembros están motivados y entienden en qué consiste el acogimiento». Recuerda Medina que «un acogimiento no es una adopción», ya que no se llegan a romper los vínculos con la familia biológica, aunque estén acogidos de forma permanente.
A lo largo del 2018, la Junta, que tiene la tutela de unos 500 niños en la provincia de Córdoba, dejó en acogimiento a 287 menores, 147 con abuelos u otros parientes y 140 con familias ajenas. La comisión para la protección de menores es la encargada de fijar si se establece un acogimiento permanente (larga duración) o simple (temporal), en función de las necesidades del menor y de su situación familiar. Según los datos facilitados por la Consejería de Políticas Sociales, de los 287 menores atendidos, 217 lo fueron en acogimiento permanente, que se prescribe cuando la reinserción del menor con su familia biológica es muy improbable y su situación aconseja integrar al niño en una familia de forma estable, aunque, a diferencia de la adopción, no se rompan los lazos filiales con sus progenitores. Esta fórmula, indicada para niños mayores de siete años, se puede prolongar hasta la mayoría de edad.
Otros 42 menores han sido atendidos en acogimiento temporal en el 2018, una modalidad transitoria que se emplea cuando se da una situación de crisis en la familia del menor que recomienda esperar un tiempo antes de tomar una medida definitiva, ya sea devolverlo a sus padres o iniciar un expediente para su adopción. En estos casos, salvo excepciones, los niños están con las familias de acogida hasta un máximo de dos años.
Por último, 28 menores han pasado por acogimientos de urgencia, que se emplea con los niños más pequeños para evitar la atención institucionalizada en los centros de protección. Suele durar hasta seis meses y está bonificada en todos los casos, ya que las familias que se ofrecen para acogimientos de urgencia deben tener disponibilidad permanente y contar con al menos un miembro con dedicación exclusiva a esta tarea. En muchos casos, se trata de bebés abandonados o retirados a los padres por distintas circunstancias.
Según la responsable de AVAS, hay familias que llevan participando en el programa desde el año 2001 y otras de reciente incorporación. «En este momento, estamos formando a 14 nuevas», asegura, «y se ha puesto en marcha una campaña para intentar captar más hogares interesados porque hay muchos niños que lo necesitan».
Las personas interesadas en acoger deben pasar un test de idoneidad y hacer un curso donde se les enseña a afrontar la llegada del menor y también el momento de la despedida, entre otras materias. Aunque la casuística es muy variada, según Medina, sobre todo, «faltan personas dispuestas a acoger a niños mayores de siete años, grupos de hermanos y a niños con algún tipo de necesidad especial». Para estos casos, la Junta prevé el acogimiento especializado que, al igual que el acogimiento de urgencia, conlleva una prestación económica que, según la presidenta de la asociación de familias acogedoras de Córdoba Mírame, Begoña Roa, «se están abonando puntualmente».
Según la norma, todas las familias acogedoras reciben una ayuda básica de entre 330 y 460 euros por menor para sufragar los gastos del niño. Además, los acogimientos de urgencia y los especializados perciben unos 589 euros más por las características especiales de la atención que prestan.
