La organización Save the Children pidió ayer que «no se criminalice a los adolescentes migrantes que no tienen referentes familiares en España», y abogó por tener una "perspectiva de infancia" en las políticas migratorias, ya que niños y adolescentes representaron el 12% de las personas que llegaron de forma irregular a España por el Estrecho de Gibraltar en 2018.

Además, para la organización también es prioritario que se establezca un protocolo de atención en las llegadas en puerto para atender a los menores e identificar a aquellos que pueden encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad, lo cual debe ir acompañado de una modificación del procedimiento de determinación de la edad, tal y como recomendó Naciones Unidas.

Save the Children presentó ayer en la Fundación Cajasol de Sevilla el análisis Contando los pasos, donde ofrece datos sobre las migraciones en España y plantea una serie de recomendaciones para que las administraciones públicas lleven a cabo políticas migratorias "responsables".

El director general de Save the Children, Andrés Conde, vió necesario que se gestionen las migraciones de manera "responsable y sostenible, con un enfoque integral, que garantice el respeto a los derechos humanos, el cumplimento de las obligaciones y que aproveche las oportunidades de la movilidad para los países de origen y de destino".

"La mayoría de estos jóvenes no ha mantenido conductas de riesgo o delictivas en su vida", por lo que "no podemos suponer que, cada vez que se abre un centro de acogida en un determinado lugar, esos adolescentes cometerán actos delictivos", señaló Conde.

El director general de Save the Children enfantizó que "es una obligación de todos, partidos políticos, administración y sociedad, garantizar los derechos de estos menores".