El nuevo decreto tiene «luces y sombras», como asegura el presidente de Hostecor, Fran de la Torre, que alude a las alegaciones realizadas por Horeca Andalucía. El colectivo quiere que se consensúen las medidas que se van a tomar y teme que, «de buenas a primeras, adapten la ley y no se haga caso» a las demandas planteadas.
Entre las novedades «bien recibidas» está la de ampliación en treinta minutos del horario de las terrazas que se encuentran en las zonas de afluencia turística, como es el caso de parte del conjunto histórico. En cambio, el colectivo desea que se incluya a los hoteles en los establecimientos que pueden ofrecer música y actuaciones. Horeca ha pedido que se permita la música y las actuaciones en las terrazas de los hoteles, establecimientos «que dejan fuera totalmente».
Hostecor tampoco está de acuerdo con acortar las fechas consideradas de Navidad, que pueden tener horarios especiales, ya que la propuesta es que sea del 22 de diciembre al 6 de enero, mientras que Horeca ha demandado que empiece el 10. Respecto a la posibilidad de que discotecas y pubs puedan tener terrazas, De la Torre considera que la medida no afectará mucho a Córdoba y que está enfocada para la costa. En cambio, sí tendrá repercusión la de permitir espectáculos y música en los locales, «que viene bien a muchos establecimientos».
El coordinador de Ciudad Física de Al-Zahara, Juan Andrés de Gracia, está convencido de que el decreto es «producto de la presión de lobbys empresariales» que «no hacen caso a las peticiones vecinales que el Defensor del Pueblo ha recogido en varias ocasiones». De Gracia asegura que «si se confirma el borrador», a nivel vecinal «no vamos a estar de acuerdo», ya que «solo se escucha a la parte empresarial, que es insaciable porque todo le parece poco». En este sentido, está convencido de que «si la Junta cede, vamos a tener problemas de convivencia continuos». Si las discotecas pueden tener veladores, añade, y se permiten espectáculos, «van a seguir existiendo problemas».
De Gracia piensa que «la Junta hace una labor poco leal, porque marca una norma pero dice que el Ayuntamiento debe regular después». A su juicio, «la Junta debe escuchar más a la FAMP y consensuar con los ayuntamientos, no legislando al margen de ellos». Para él, es «una pérdida de tiempo volver a regular cuando las normas se saltan tan continuamente».
El consejero de Justicia, Emilio de Llera, en una comparecencia en el Parlamento, explicó que es «una actualización normativa muy necesaria, que ha tenido como prioridad» conseguir «equilibrar los intereses y demandas» de la «ciudadanía y de los diferentes sectores empresariales».
Urbanismo, por su parte, ha preferido no pronunciarse aún sobre esta normativa que prepara la Junta y sus efectos.
