Desde que en abril se denunciaran las primeras irregularidades sobre las cuentas del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios no han dejado de surgir noticias sorprendentes que, en palabras de la diputada provincial Isabel Niñoles (PSOE), muestran que ha existido una "mala praxis". En estos casi dos meses no se ha logrado cuantificar, de manera exacta, a cuánto puede ascender el agujero. El presidente del citado organismo, Manuel Gutiérrez, hacía estimaciones. A la Agencia Tributaria se le adeudan unos 3,5 millones de los años 2009 y 2010, a los que se podría unir otra cantidad importante correspondiente a 2011. El montante, con la sanción prevista, ascendería a unos 5 millones. Esta cuantía no se ha incluido en el presupuesto aprobado ayer y se confía en que Hacienda retrase el cobro y no tenga que hacerse efectivo en este ejercicio. Más cuantiosa es aún la deuda con la tesorería de la Seguridad Social, que llega a 8,22 millones de euros. En junio, la Diputación aportará 586.763 euros al asumir su parte y también la de los ayuntamientos consorciados. Para el resto del importe (7,6 millones) se ha previsto un plan de aplazamiento en cinco años. En este ejercicio se aportaría un 5% de la cantidad, que asciende a 687.623 euros, de los que 424.126 corresponden a la Diputación y 263.497 a los ayuntamientos. En la junta general de ayer se debatió sobre este pago de los municipios. Desde los pueblos gobernados por el PSOE se solicitó que se haga un "esfuerzo mayor" de la Corporación provincial y asuma parte de esta deuda ante la "grave situación" de las arcas municipales. Manuel Gutiérrez (PP) afirmó que se estudiarán fórmulas para facilitar este abono, como puede ser la gestión de una póliza a bajo interés. Las aportaciones de los municipios para pagar a la Seguridad Social crecerán en los próximos cuatro ejercicios. En el 2013 se pagará el 10%, mientras que en los tres ejercicios sucesivos el porcentaje será del 15%, 20% y 50%.

Sorprende también que en el Consorcio no hubiera hasta el acuerdo de ayer un interventor y un tesorero o que nadie se hubiera enterado de lo que estaba ocurriendo en este organismo que es el responsable de velar por la seguridad de la población cordobesa de 73 municipios (solo Córdoba y Almodóvar no están incluidos). La gestión del anterior gerente, Antonio Navarrete, ha sido cuestionada durante todo el proceso. Incluso, el PSOE ha llegado a reconocer que su responsabilidad puede ser mayor como equipo de gobierno que estaba al frente de la institución provincial cuando se produjeron estas irregularidades, aunque tampoco ha existido control por el resto de partidos que participaban en los órganos de gobierno.

El Consorcio ha puesto ya en manos del Tribunal de Cuentas la situación ante el quebranto económico que se ha producido, mientras que en la Fiscalía se encuentra la construcción del parque de La Carlota, una póliza con el Banco Santander y la deuda con Hacienda.