Todos coincidieron en lo mismo. Ante la complicada situación en la que se encuentra el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, tras el agujero descubierto por impagos a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria, tanto PP como PSOE coincidieron en afirmar que se hizo un ejercicio de responsabilidad para aprobar el aplazamiento de la deuda con la Seguridad Social y el presupuesto para este año. El delegado sindical de CSI-F en el Consorcio, Juan Manuel Toledo, respiró más tranquilo tras finalizar la junta general. El órgano de gobierno aprobó con los votos de los ayuntamientos gobernados por el PSOE y el PP, y la abstención de los de IU, el presupuesto para este año, que asciende a 12,1 millones de euros, lo que supone un 9,6% más respecto al del 2011, que deberán aportar los 73 municipios. Eso provocará, por ejemplo, que un Ayuntamiento como el de Baena, que el pasado ejercicio abonó 277.569 euros por el servicio de bomberos, en este año tenga que aportar 304.310 euros, sin incluir la deuda acumulada descubierta en el Consorcio, tanto la inaplazable como la aplazable. "Estamos en las mejores condiciones para afrontar un presupuesto real, pues hasta ahora no respondía a la realidad del Consorcio, tanto en los ingresos como en los gastos, lo que ha provocado la situación actual, que es poco deseable", dijo el presidente del organismo y vicepresidente tercero de la Diputación, Manuel Gutiérrez. Precisamente, la Diputación de Córdoba asumirá un incremento mayor (16%) al aportar 6,17 millones de euros frente a los 5,3 millones del 2011.

De los 12,1 millones del presupuesto general, el capítulo principal corresponde a gastos de personal (10,7 millones), 790.482 euros a bienes corrientes y servicios, 333.410 a gastos financieros y 187.846 a inversiones reales. En los gastos se ha incluido la deuda con la Seguridad Social, aunque no la partida pendiente con la Agencia Tributaria (3,5 millones). En el caso de los ingresos, la mayor parte (11,06 millones) proceden de transferencias corrientes de la Diputación y de los ayuntamientos.

Entre los acuerdos adoptados ayer, además de la creación de la figura del interventor y el tesorero, que recaerá en las mismas personas que desempeñan esta labor en la Diputación, se aprobó que la institución provincial asuma el gasto inaplazable pendiente con la Seguridad Social y que correspondía a los ayuntamientos. Así, junto a los 361.915 euros que le pertenecen por su participación en el Consorcio, hay que unir 224.847 que debían abonar las corporaciones locales. De esta manera, en el mes de junio la Diputación hará este abono de 586.763 euros, necesario para poder realizar la petición de aplazamiento del resto de la deuda con la Seguridad Social, que asciende a 7,6 millones. Este abono viene del impago de las cuotas de la Seguridad Social de los periodos de abril del 2006 a enero del 2012. Precisamente, en el año 2012, de acuerdo al plan de aplazamiento confeccionado, los ayuntamientos y la Diputación tendrán que abonar 687.623 euros, de los que 263.497 corresponden a los 73 municipios incluidos en el Consorcio.