Chile: el camino constitucional entra en una de sus últimas fases

El segundo intento en Chile de contar con una nueva Constitución que reemplace la redactada durante la última dictadura militar (1973-90) y sucesivamente enmendada durante los últimos 30 años, ha entrado en una de sus instancias decisivas. El Consejo Constitucional, hegemonizado por la ultraderecha y la derecha, entregó su texto a la Comisión Experta en medio de complejas negociaciones con la izquierda, que ha carecido de poder de veto. El organismo de especialistas puede formular comentarios "con el objeto de mejorar el texto". Tiene un plazo de cinco días contados desde este sábado para añadir, modificar o suprimir artículos o partes de ellos. 

El Consejo Constitucional volverá a revisar esos eventuales cambios. Tiene tiempo para despachar el texto definitivo al presidente Gabriel Boric hasta el 7 de noviembre. Una vez allanado ese camino, la sociedad deberá decidir el 17 de diciembre en las urnas nuevamente si avala o descarta esta Carta Magna. Sobre los chilenos pesa en la memoria el rechazo en diciembre pasado de una Constitución de fuerte corte progresista, con el 62% de los votos.

Las deliberaciones del Consejo Constitucional tuvieron su momento de crispación, como si fueran un eco de otras divisiones en el seno de la sociedad, manifestadas hace casi un mes al cumplirse medio siglo del golpe de Estado contra Salvador Allende. En el último tramo de estas discusiones se calmaron algo las aguas ante el temor de que suceda lo inaudito y el plebiscito vuelva a ser adverso para los promotores de la Carta Magna.

La fallida Carta Magna de 2022 tuvo un problema de origen: la derecha fue soslayada en las discusiones al carecer de capacidad de veto. Esa situación se ha invertido en este segundo proceso y se convirtió, una vez más, en fuente de discordias. Las polémicas entre las dos corrientes políticas enfrentadas giraron alrededor de temas como la necesidad de consagrar en la Constitución que el paí se se organiza bajo un "Estado social y democrático de derecho", pero, también en relación a la normativa que “protege la vida de quien está por nacer”, y que para el Gobierno afectaría la aplicación de la ley de aborto bajo tres causales que rige desde 2017.

Temores de un nuevo fracaso

Una reciente encuesta de la consultora Cadem, por lo general infalible a la hora de realizar predicciones, informó que un 54% de los entrevistados aseguraba estar "en contra" del texto y un 24% "a favor". A su vez, un 49% reconoció que se había informado poco o nada sobre el proceso. Los artículos sobre la protección a la vida, la eliminación de un impuesto territorial y la libertad de elección en temas de salud y pensiones son los más conocidos y, además, aquellos que provocan opiniones fuertemente encontradas. La presidenta del Consejo Constitucional Beatriz Hevia, del partido que lidera José Antonio Kast, admitió que existen diferencias insalvables en esos asuntos que, en 2019, fueron una de las razones que derivó en el estallido social. También se mostró contraria a la paridad de género en las elecciones. Los colectivos feministas reaccionaron negativamente frente a estas posiciones de los sectores más conservadores.

Hasta la derecha moderada ha sentido cierta incomodidad con la decisión de la facción más dura de imponer sus criterios. "No existe ese ánimo en el consejo de tratar de hacer un esfuerzo para tener una Constitución que sea aceptable para todos los sectores", dijo Evelyn Matthei, de la Unión Democráta Independiente (UDI).

En medio de cierto pesimismo sobre el futuro de la consulta se conoció un sondeo de Black & White, según el cual un 47% de los chilenos se muestran a favor de aprobar la Constitución. Los analistas estiman que los días venideros ofrecerán una última oportunidad de elaborar un texto más equilibrado y moderado que sea aceptable para la mayoría de los partidos. La Comisión Experta podrá adoptar sus acuerdos con los 3/5 de sus integrantes en ejercicio.

Algunas concesiones

La ultraderecha cedió en sus posiciones al reincorporar el capítulo destinado a la protección del medio ambiente, la sustentabilidad y desarrollo, tal como lo habían propuesto los expertos. Por unanimidad se aprobó finalmente que "es deber del Estado y las personas proteger el medio ambiente y promover la sustentabilidad". Se sientan las bases para promover también una matriz energética compatible con los objetivos de la normativa.

La norma establece que el reemplazo de la Constitución solo podrá iniciarse a propuesta del jefe de Estado y con acuerdo de 2/3 de ambas cámaras del Congreso. Deberá incluir las bases institucionales y la forma de elección de una comisión técnica que elabore un anteproyecto.