Gabriel Rufián terminó exhausto la negociación de la futura ley audiovisual. Después de que el pleno del Congreso aprobara los presupuestos y los enviara al Senado, decidió tomarse unos días de desconexión. No fueron muchos, no pueden serlo. La actividad legislativa ha entrado en fase prolífica y los 13 diputados de ERC son decisivos.

El descanso, como era de esperar, no fue posible. Es probable que la sobrecarga de negociaciones y reuniones haya influido en su estado de ánimo, tendente ahora a la frustración. El Periódico de España le entrevistó brevemente en el patio del Congreso después de que los presupuestos de 2022 vieran la luz, a finales de diciembre, justo antes de 'cerrar' por vacaciones. Dejó claro que la sintonía con el PSOE se ha estropeado y que las relaciones no pasan por su mejor momento, más bien se han deteriorado en exceso. No influyen sintonías personales, que con Adriana Lastra era y es total mientras que con Héctor Gómez aún debe forjarse. Lo que influye es la visión legislativa del Gobierno, en colisión con la de Esquerra. En este territorio no hay independencia, soberanismo ni referéndum, pues eso forma parte de otro lugar, de la mesa de diálogo. Hay ideología; no es poco.

El compendio de proyectos legislativos que el Gobierno ha de negociar con sus aliados es grueso. De la memoria democrática a la ley de telecomunicaciones, pasando por la derogación de la ley mordaza, la reforma laboral, la normativa de los alquileres... Las trascedentes, pues por contenido marcan la idiosincrasia del Ejecutivo de coalición, han empujado a ERC a un sitio lejano. Asfaltar un camino que invite al acuerdo es está complicando. Y en el peor momento.

Ésta es una crónica sobre cómo durante los últimos cuatro meses una relación más o menos sólida se ha agujerado demasiado. Las dos partes reconocen que según vayan sonando con más fuerza los tambores electorales, la relación caminará entre sobresaltos y enfados. Nadie habla de ruptura, es un escenario por ahora inviable, pero las fuentes destacan la delicadeza del contexto: las leyes que retratarán a este Gobierno, las que decidirán su futuro, han de salir ya.

Memoria democrática: así empezó todo

Pedro Sánchez empezó el curso en septiembre sumido en la euforia. Acabó agosto con la resolución brillante de una crisis que al principio le costó sujetar, quizá porque el nuevo Gobierno que formó en julio estaba sin calentamiento. La foto con Charles Michel y Ursula Von der Layen en la base aérea de Torrejón, el enlace europeo de los ciudadanos de Afganistán en busca de asilo y refugio, le dio aire y resuello. En ese impulso anímico, la pandemia remitiendo, la vacunación viento en popa, se enmarca su principal instrucción política: la agenda legislativa y reformista hay que ponerla a toda máquina.

El Gobierno estrenó la tarea con una de sus normas identitarias, la de memoria democrática. La ex vicepresidenta Carmen Calvo había dejado el texto hecho y su sucesor, Félix Bolaños, se encargó de enviarlo al Congreso en septiembre pasado. ERC, por medio de Gabriel Rufián y de su maestro parlamentario y antiguo portavoz del grupo, Joan Tardà, habían transmitido al Ejecutivo que lo visto del proyecto no les gustaba nada; se quedaba corto. Ni acababa con la ley de amnistía de 1977 ni consagraba la reparación económica de las víctimas.

Durante la primera quincena de septiembre intentaron encontrar la manera de acercar posiciones. Como no fue posible, ERC registró una enmienda a la totalidad del proyecto, lo que, traducido del lenguaje parlamentario al lenguaje de los ciudadanos, significa que pidieron su devolución. Además, presentaron un texto alternativo. El propósito de Esquerra quedó en nada, pues el Gobierno armó mayoría con otros grupos aliados.

Superado ese escollo, el proyecto recaló en la Comisión Constitucional, que preside el socialista Patxi López. El plazo de registro de enmiendas parciales avanzó entre tensiones y resquemores. PSOE y Unidas Podemos acordaron sus propuestas y tanto el portavoz socialista, Héctor Gómez, como el dirigente de los "morados" Enrique Santiago expresaron en público su satisfacción. A Rufián le enfadó la parafernalia, por lo que convocó otra rueda de prensa para lamentar la ausencia de ambición del Gobierno por los motivos citados: ni se deroga la ley de amnistía ni se da sustancia a la reparación. Tampoco se declaraba ilegal al franquismo. En una entrevista a este medio, Tardà habló de "trampa" del PSOE.

Netflix catalán: el punto de inflexión

Rufián emplea en ocasiones un vocabulario a caballo entre el argumentario orgánico y la honestidad personal, pero en privado no fanfarronea. Desde que comenzó la legislatura, antes incluso, se propuso jugar a la política siempre y cuando la aritmética parlamentaria se lo permitiera. Atrás quedaron los tiempos en los que Esquerra quería sabotear la acción legislativa del Estado. Resulta que las elecciones del 10-N pintaron un hemiciclo en el que los trece escaños de ERC, si PSOE y Unidas Podemos lograban gobernar en conjunto, resultarían decisivos.

Desde hace tiempo viene comentando que con el PSOE cuesta mucho negociar. Es un partido que, lo lidere quien lo lidere, posee vínculos y resortes en todas las esferas del poder, lo cual frena sus ambiciones ideológicas. Esto no lo dice solamente él; lo cuentan sin tapujos los dirigentes de Unidas Podemos, el socio de la coalición. La paradoja es que esa contención política ha contagiado a la formación "morada". Para los aliados parlamentarios, resulta curioso que el partido de Pablo Iglesias haya aceptado proyectos como el de la reforma laboral o el de la ley de vivienda y los alquileres.

Ya en octubre Rufián advertía de que la redacción de la ley audiovisual iba a traer problemas, y vaya si los trajo. Por exigencias de la UE, el Consejo de Ministros se aprestó a aprobarla antes de final de año. Gabriel Rufián fue tajante cuando empezó a verse con los interlocutores socialistas para pactar los presupuestos de 2022, meses antes: o se apuesta por las lenguas cooficiales en las plataformas audiovisuales o no apoyaría las cuentas.

El Gobierno desplegó a todos sus actores políticos para, primero, sortear la enmienda a la totalidad de ERC al proyecto presupuestario. Fue posible por un vago acuerdo sobre el blindaje del catalán en Netflix o HBO. Hablaron de cuadrar un porcentaje, aunque sin número. Luego, también 'in extremis', consiguió su voto a favor porque acordaron dicho porcentaje: 6% de la producción que lleven a cabo.

La importancia de una amistad

Hasta las 3 de la madrugada duraron las conversaciones a varias bandas entre Madrid y Barcelona. Rufián en su domicilio de Madrid, dirigentes de la Generalitat desde Cataluña, Adriana Lastra por un lado; Félix Bolaños, por otro. Y María Jesús Montero y Nadia Calviño. De toda la infantería que movilizó el presidente del Gobierno para que no saltaran los presupuestos por los aires, aquí fue clave Lastra. Lo reconocen los protagonistas de las conversaciones cruzadas. Está por contarse cómo amistades personales han sido capaces, esta legislatura, de doblegar enquistamientos políticos. La legislatura avanza a pesar de la pandemia.

Pero una semana después del hasta ahora trago más difícil de las relaciones PSOE-ERC, el Gobierno aprobó el proyecto de ley audiovisual y quitó ese 6% porque no podía imponer semejante obligación a plataformas que tienen sede en otro país de la UE, o eso alegaron en el Ministerio de Economía. Rufián, airado, convocó a los medios en el Congreso, a las 20.00 horas, para manifestar su contrariedad y avisar que ERC pondría en riesgo la tramitación de los presupuestos en el Senado.

Dos semanas después, socialistas e independentistas arreglaron el desaguisado y alcanzaron el tercer acuerdo sobre lo mismo en un mes. Entre blindajes e incentivos se calmaron los ánimos. La visibilización del acuerdo, esta vez mediante comunicado, vino precedida de una secuencia reveladora: Rufián salió de su despacho, cruzó la Carrera de San Jerónimo de Madrid y acudió al palacio para hablar diez minutos con Adriana Lastra. Terminaron así de cerrar flecos pendientes, más formales que otra cosa: cómo anunciaría Esquerra el pacto.

Trabajo y vivienda, los hitos amenazantes

El comienzo de 2022, igual que el comienzo del curso político en septiembre de 2021, está marcado por otra ley identitaria del Gobierno de coalición, aunque ésta alcanza más envergadura si cabe. Es su hito. Hablamos del nuevo modelo laboral.

La derogación de la reforma que llevó a cabo Mariano Rajoy en 2012 ha aterrizado en el Congreso con un punto a favor mayúsculo, pero también con uno en contra. El punto a favor: que está acordado el nuevo modelo con los empresarios y los sindicatos. El punto en contra: que los aliados parlamentarios, fundamentales para que el decreto sea convalidado, lo ven flojo porque ni da prevalencia a los convenios autonómicos ni, sobre todo, recupera la indemnización por despido de 45 días por año trabajado.

A Rufián se le han puesto delante todos los fantasmas que ve en el Gobierno: que es timorato y que sus ardides son numerosas. Fuentes de la dirección del grupo parlamentario corroboran que no ha recibido una llamada de Yolanda Díaz, quien, sin embargo, se ha visto con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en Madrid. Además, cargos de Esquerra en Cataluña han sido contactados por miembros del gabinete de la ministra. "Si nos quieren dividir para que permitamos la convalidación, se equivocan", protestan las fuentes. ERC, en la hipótesis de que la votación fuera mañana, votaría "no", y según aseguran, es algo que tienen clarísimo. Pero quedan tres semanas hasta que llegue el momento.

Pase lo que pase con la reforma laboral, la relación entre el principal partido del Gobierno y el principal aliado parlamentario de la coalición deberá cruzar otro rubicón, previsiblemente en febrero. El anteproyecto de ley de vivienda y la consiguiente regulación de los alquileres, rechazado provisionalmente por el CGPJ, amenaza con subir aún más el volumen de la desconfianza, porque a ERC no le gusta. Cataluña ya tiene su ley y los municipios de mercado tensionado pueden poner topes a los precios. Es lo que pide Rufián, pero es también algo de lo que carece el plan del Gobierno.

Como dice Íñigo Errejón, la de vivienda es una de esas leyes que decidirán el futuro del Gobierno, y por tanto, el futuro político de España. "Las espadas están en todo lo alto" es el dicho. En el Congreso, desde luego, es así.

No sólo por estas dos leyes 'totémicas' para el Gobierno, trabajo y vivienda ni más ni menos, la vida misma, sino también por la derogación de la ley mordaza, por el modelo fiscal ambiental (impuesto a los residuos), por la normativa energética o por la memoria democrática, que es, curiosamente, en donde empezó esta historia de deterioro político.