La judicialización del proceso secesionista iniciado por la Generalitat catalana está provocando que los sectores independentistas intenten acelerar todo el proceso. Si hasta ahora era solo la CUP la que pedía adelantar el referéndum, ahora es una posibilidad que asume ERC pero también el PDC, hasta ahora el más reacio a precipitar un calendario que situaba la consulta a primeros de septiembre. Fuentes del Ejecutivo catalán han confirmado que si Mariano Rajoy persiste en el cerco judicial a políticos catalanes, una de las opciones que está sobre la mesa es celebrar el referéndum en mayo.
La pelota, insisten, está en la Moncloa. Y añaden que es decisión del Gobierno central que la Fiscalía mantenga o retire los cargos contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau (el juicio empieza el próximo lunes), así como contra Francesc Homs y Carme Forcadell. El proceso contra la presidenta del Parlamento catalán (su juicio aún no tiene fecha fijada), es uno de los que más puede elevar la temperatura independentista. Fuentes conocedoras de los contactos que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha mantenido con algunos representantes de sectores económicos y entidades catalanas, aseguran que la número dos de Rajoy empieza a tomar conciencia de que la inhabilitación de Forcadell provocaría un movimiento de apoyo social que iría más allá del independentismo.
Haya o no tomado nota de la incertidumbre que se avecina, el discurso de Santamaría en público sigue sonando igual de contudente. «El referéndum, lo adelante o no, es exactamente igual de inconstitucional», insistió ayer en Valencia. Y añadió: «Creo que ese adelantamiento pone de manifiesto que se baila al son de la música de la CUP».
LOS CÁLCULOS / El que el vicepresidente del Gobierno catalán,Oriol Junqueras, anunció ayer en declaraciones a Catalunya Ràdio que «probablemente» la fecha se fijará en abril. A la misma hora, Artur Mas en Onda Cero especulaba con que se pudiese celebrar «en torno al verano». En el Palacio de la Generalitat descartan tanto julio como agosto porque consideran que es un riesgo convocar a los catalanes en plenas vacaciones. Junio es una alternativa posible pero fuentes gubernamentales subrayan que el hecho de que coincida con la campaña de la renta puede ser un elemento distorsionador.
Mientras, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó ayer que «la política española» necesita «un poco de mesura, sensatez y sentido común», porque el «espectáculo» dado por el exsenador de ERC y exjuez Santiago Vidal con sus manifestaciones de que la Generalitat tenía acceso a los datos de contribuyentes catalanes de forma ilegal fue «ciertamente lamentable».
