Medio centenar de testigos ya han desfilado ante el tribunal que estos días juzga en Castellón a Carlos Fabra y otros cuatro acusados por el caso Naranjax, pero la declaración de la mayoría de ellos no ha parecido inquietar al exdirigente popular castellonense. Sin embargo, todo apunta a que esto cambiará hoy cuando comparezcan los dos inspectores de Hacienda que investigaron las cuentas del matrimonio Fabra.

Según sus informes, hallaron ingresos no declarados por valor de 1,9 millones de euros en el caso del político y 1,5 millones en el de su mujer, María Amparo Fernández, por lo que se les acusa de defraudar 693.000 euros y 428.000 euros y de cuatro y tres delitos fiscales, respectivamente, entre 1999 y el 2004.

La Fiscalía Anticorrupción, que pide 13 años de cárcel para el político, 8 de ellos por delito fiscal, la Abogacía del Estado y la acusación popular de la Unión de Consumidores (UCE) han solicitado la comparecencia de los inspectores. Su declaración y el desglose de los informes serán claves para dirimir el futuro del expresidente de la Diputación de Castellón, puesto que, aunque también está acusado por cohecho y tráfico de influencias, en la demostración del delito fiscal no cabe la interpretación.

El abogado de Fabra, Javier Boix, ha pedido la prescripción de las causas fiscales y tratará de desmontar los informes acusatorios con la ayuda de otros dos peritos contratados por el político. Además, la primera jornada ya solicitó apartar a los inspectores de Hacienda al considerarlos "parciales" y "contaminados".

Hasta la fecha, el barón del PP no ha aclarado el origen de su patrimonio. Fabra explicó al fiscal que sus ingresos procedían de su retribución como presidente de la diputación, de su actividad de asesor de seguros y de "ventas de enajenaciones de patrimonio". Como única explicación para las pequeñas cantidades de dinero que se ingresaban repetidamente en sus cuentas, Fabra aludió a una "caja familiar" a la que acudía cuando no podía hacer frente a algún pago y donde dijo tener efectivo, cuya procedencia no aclaró.

Tres son los hitos profesionales de Boix, el abogado defensor de Fabra, que le han consagrado como uno de los letrados más solicitados en tierras valencianas para bregar en causas de corruptelas políticas. El primero, su primera defensa de Rafael Blasco (lo defenderá en breve en el caso Cooperación) al conseguir la anulación de las escuchas que constituían la prueba de más peso en un caso de sobornos a funcionarios. El segundo, a la pocos meses, cuando en el caso Naseiro repitió la estrategia. Su último hito, la declaración de "no culpable" de Francisco Camps en la causa de los trajes del caso Gürtel.