El nombre de Luis Bárcenas sobrevoló las ocho horas de debate de ayer, pero salió pocas veces, menos de las que cabía esperar. Mariano Rajoy lo evitó y Alfredo Pérez Rubalcaba no se agarró a él como algunos de sus diputados esperaban. El dirigente socialista, eso sí, exigió al presidente explicaciones sobre la sospecha sembrada por los llamados papeles de Bárcenas, a lo que Rajoy le respondió con dos palabras, que no pronunció: caso Filesa . "Mi partido de momento no ha sido condenado por financiación irregular; el suyo, sí", le espetó el presidente. Rubalcaba intentó devolvérsela con otras dos palabras (caso Naseiro ) y le aseguró que el PSOE aprendió "para toda la vida" mientras que el PP salió indemne de aquel escándalo por un "truco judicial" (escuchas irregulares).
Un mes después de que le estallara el caso Bárcenas, Rajoy acudió ayer al Congreso con una batería de medidas contra la corrupción para intentar recuperar la confianza de la ciudadanía y con una idea fuerza que por ahora no consigue que cale: "No es verdad que en España haya un estado generalizado de corrupción".
Rajoy enumeró varias iniciativas para "devolver la confianza de los ciudadanos en sus representantes", que ofrece pactar con el resto de grupos parlamentarios, y que provienen de un estudio encargado al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Sin embargo, dos de las más potentes son leyes orgánicas, por lo que tienen una larga tramitación por delante antes de ser aprobadas, hecho ante el que el líder del PSOE dio una solución: que sean retroactivas.
Para los altos cargos
La primera de ellas es una norma de control de la actividad económico-financiera de los partidos que incluye reforzar el Tribunal de Cuentas con más medios para su labor de control y la obligación de que los gerentes o tesoreros de las fuerzas políticas comparezcan ante el Parlamento anualmente. Inevitable pensar en el extesorero del PP. La segunda ley orgánica regulará el ejercicio de las funciones públicas e incluye una idea para impedir el enriquecimiento de la persona que entra en política. Rajoy propone auditar el patrimonio de los dirigentes. Hacer una foto del antes y el después de todo aquel que se dedica a la cosa pública. El presidente dijo que él lo aplicará a los altos cargos, pero planteó la posibilidad de extender esta auditoría a diputados y senadores, algo que requiere la reforma de las normas que regulan el funcionamiento de ambas cámaras.
El jefe del Ejecutivo también quiere ampliar la ley de transparencia (en trámite en el Congreso) a los partidos políticos y las organizaciones empresariales y sindicales; reformar el Código Penal para endurecer las penas previstas para los delitos de corrupción y la ley de enjuiciamiento criminal para agilizar los procedimientos.
Rubalcaba y el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, se mostraron dispuestos a pactar las iniciativas.
Mientras el debate avanzaba, en los escaños algún ministro, como el del Interior, Jorge Fernández Díaz, parecía más interesado en su teléfono móvil, pendiente como está del caso del espionaje, y otros esperaban con tensión su salida del hemiciclo en el descanso y su peligroso encuentro con los periodistas. La ministra Ana Mato a la que un informe policial relaciona supuestamente con la trama de Gürtel, se mueve estos días por el Senado y el Congreso con una auténtica guardia de corps. Imposible acercarse a ella.
