La discapacidad ante las elecciones municipales

La discapacidad es un término genérico que comprende muy variadas circunstancias. En esta ocasión quiero hacer hincapié a la intelectual y a la derivada de la enfermedad mental.

Conforme a las competencias de los municipios, quisiera aportar las siguientes ideas para que los futuros gobernantes las tengan en cuenta.

Respecto la salud mental, el principal papel que pueden jugar los ayuntamientos es la prevención. Particular atención merece el consumo de drogas, que generan padecimientos mentales graves (psicosis) que derivan a cometer hechos delictivos. Otro problema es el de los pacientes que no acuden voluntariamente a las consultas de salud mental. Para atajarlo, proponemos que se doten a los servicios sociales municipales de equipos de seguimiento para que, en coordinación con el SAS, se pueda realizar el control preventivo.

Así mismo, es imprescindible formar adecuadamente a los cuerpos de Policía Local para que sepan abordar situaciones de crisis o desajustes en las personas con enfermedad mental, de tal manera que no sean confundidos con meros delincuentes, ya que, si no se sabe que están ante un enfermo, que lo que necesita es auxilio, por aquello de la llamada «trampa de los juicios rápidos», muchos de ellos acaban en las cárceles y, en los más, separados de sus padres, que, por otro lado, resultan ser sus únicos cuidadores.

Respecto al colectivo de las personas con discapacidad intelectual límite o leve, que tienen posibilidad del acceso ilimitado y extremadamente sencillo a redes sociales, que en muchos casos le hacen que cometan delitos a través de estas, proponemos crear equipos especializados en los servicios sociales municipales, que realicen campañas de información que eviten este mal.

En cuanto al empleo de las personas con discapacidad, demandamos que en las ofertas de empleo público de las entidades locales se cumpla efectivamente la legislación vigente. Esto es: a) Que las plazas reservadas sean efectivamente las que ellos puedan desarrollar, para evitar que queden desiertas; b) Que se realice una adaptación real y efectiva del todo el proceso selectivo; c) Que las plazas reservadas que queden desiertas no acrezcan a las libres, sino que se «guarden» la reserva para futuras convocatorias; y d) Que el puesto de trabajo se adapte para así conseguir que se le dé la ocupación adecuada para que la persona con discapacidad pueda desarrollar su trabajo con dignidad y con una verdadera realización personal.

Para la efectividad de estas medidas proponemos el concurso de la Administración nacional y autonómica para dotar de los recursos económicos necesarios que las financien.

* Presidente del Foro Andaluz del Bienestar Mental