La ley de 'startups' cumple un año con 600 compañías certificadas, pero las mismas quejas que el primer día

Al equipo fundador de Keybotic el sello le venía demasiado de cara como para rechazarlo. Al haber recibido ayudas públicas –recuerda su cofundadora, Irene Gómez–, conseguir la certificación de Enisa que desde este año distingue oficialmente lo que es una ‘startup’ de lo que no era tan simple como apretar un botón. “Era muy fácil hacerlo, por eso lo hicimos”, razona la emprendedora, que se sabe fuera de muchas de las ventajas fiscales que vienen con el título (esta empresa todavía no gana dinero), pero que ve en él una apuesta de futuro. La cuestión es que en cosa de minutos, esta compañía que ha inventado un perro robot que hace inspecciones en la industria, se convertía en una de las primeras ‘startups’ oficiales de España. 

Lo hacía varios meses después de que la ley que ha regulado la actividad emprendedora en el país y que ha ideado este sello, se pusiera formalmente en marcha, algo que sucedió hace exactamente un año este viernes. Tras este primer año de ley de ‘startups’, España tiene ya oficialmente 604 empresas emergentes de base tecnológica. No son muchas, teniendo en cuenta que este mismo organismo ha financiado en los últimos cinco años a unas 2.000 y que Informa calculaba el año pasado que hay unas 23.000 'startups' en el país, pero el consejero delegado de esta institución, José Bayón, ve en el balance un indicio claro de que se va en la buena dirección.

“La ley es pionera en Europa y la valoración es positiva: han venido a vernos desde Francia o Dinamarca, países innovadores que quieren ver cómo va esto”, confiesa este responsable. “Es la primera ley que le da un estatus administrativo jurídico a estas empresas”, defiende.

Lo mismo destaca el cofundador y consejero delegado de Bloome –otra de las empresas certificadas–, Juanfran Sánchez. "Hoy en día, es relativamente habitual escuchar a gente decir que tiene una 'startup', pero no había nada que te dijera que sí, que lo tuyo lo es y que tienes un proyecto innovador y escalable", reflexiona quien gestiona el día a día de esta marca orientada a modernizar el mercado de la medicina estética. A él, dice, tener este sello le ha abierto puertas ante inversores que se han ahorrado tener que investigar si la empresa es efectivamente innovadora y escalable.

Incluso así, el poco número de empresas que han solicitado la certificación (unas 1.100 en total, de las cuales se han aprobado 604 y denegado 301), lleva a pensar que queda mucho camino por recorrer. “Un préstamo es más sencillo de vender, pero a la certificación hay muchos casos que no le han dado importancia”, reflexiona el propio consejero delegado de Enisa.

"Si lo hubiera tenido que hacer desde cero, sin haber presentado antes toda la información que ya había presentado para solicitar un préstamo a Enisa, a día de hoy no tendría el certificado", reconoce Sánchez, aunque, más que por no darle importancia, por una cuestión de priorizar el montón de tareas que suele tener un emprendedor encima de la mesa, especialmente los primeros años.

Problemas que permanecen

La conclusión, en definitiva, es que el trascurso de este año no ha cambiado las impresiones que se tenían cuando este nuevo marco legal se convirtió en realidad: es un muy buen punto de partida para darle a este ecosistema la importancia que merece y que empiece a competir en condiciones menos desiguales con los países de su entorno, pero, a la práctica, no ha resuelto varios de los grandes problemas que enfrentan sus profesionales.

“Es muy bueno que haya una ley de ‘startups’, porque solo con que se reconozca con un título diferente a este sector, que está creciendo mucho, es bueno: se impone la narrativa de que crea riqueza y de que el futuro viene por aquí”, concede el socio gestor de Inveready, Ignacio Fonts. “Se han eliminado algunas de las desventajas claras que teníamos en el ecosistema emprendedor español; no todas, pero antes estábamos a la cola, y ahora ya somos [solo] mitad baja de la tabla”, coincide el presidente del fondo BeHappy Investments, Miguel Ángel Rodríguez Caveda.

Puntos de mejora

Ambos, sin embargo, detectan varios puntos de mejora. El principal, el hecho de que una ‘startup’ solo vaya a ser considerada como tal durante los primeros cinco años de su vida (“Una empresa así está en esta situación muchos años más”, apunta Fonts), pero también que los inversores tengan que adquirir mínimo un 5% de la compañía en cuestión para acceder a las exenciones fiscales (“En según qué valoraciones, un 5% de una empresa es una cifra muy alta”, subraya Rodríguez Caveda) y, sobre todo, la burocracia.

“Sigue siendo un dolor de cabeza montar una empresa en España”, critica el presidente de BeHappy Investments, que denuncia que pasan semanas entre que se empieza el proceso y se obtiene la autorización para operar. “Han eliminado una serie de trabas para crear la compañía y van en la buena dirección, pero para calificar tu ‘startup’ como tal ponen una serie de obstáculos que van en contra del espíritu de la simplificación”, asegura el socio gestor de Inveready, que aprovecha el altavoz para pedir que, además de resolver todo esto, en una segunda fase se contemple la opción de incentivar también que las grandes compañías o incluso la administración estén obligadas a comprar una parte de sus bienes o servicios a pequeñas empresas de este tipo. “Lo que favorece a una compañía son las ventas, si gana dinero, ya pagará impuestos”, sintetiza este inversor.

También señala hacia la burocracia la emprendedora Irene Gómez, aunque en este caso para criticar lo dificultoso que es gestionar una inversión que venga del extranjero. “El problema real que creo que no resuelve esta ley es que la inversión internacional sigue siendo muy compleja”, explica la cofundadora de Keybotic, que enumera pasos como que tengan que ponerse de acuerdo todas las partes para ir al notario físicamente, traer toda la documentación hecha correctamente, traer un traductor jurado si el notario no habla inglés…

El colmo, concluye, es el contrasentido que supone lo caro y complicado que es solicitar estos incentivos fiscales o bonificaciones a la Seguridad Social. Tanto, que, por ejemplo, el primer año, cuando solo trabajaban en i+D, dejaron de pedir unas deducciones porque las gestiones asociadas hacían que no saliese a cuenta.