El llamado Plan Anual de Políticas de Empleo para el 2015 no solo se ha aprobado por el Gobierno cuando ya ha sobrepasado la mitad del año, sino que además ha sido mal recibido por quienes lo negociaron en su día, los sindicatos. Y ahora lo han de repartir según el criterio unilateral aprobado ayer por el Consejo de Ministros, las autonomías.

El Gobierno dispone de 4.788 millones para que se hagan políticas activas de empleo, es decir, que se favorezca de manera prioritaria la ocupación de los mayores de 45 años, los parados de larga duración y con familiares a su cargo. Esa prioridad es la que el presidente Rajoy pactó con los sindicatos hace un año.

Lo que aprobó ayer el Consejo de Ministros, según explicaciones de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, es una partida a cargo de ese fondo para todo el 2015, de 1.543 millones a repartir entre las comunidades autónomas con baremos de cumplimiento de compromisos anteriores.

POCA NOVEDAD Este plan anunciado, del que los sindicatos advirtieron de que no era ninguna novedad ni aportaba ninguna cantidad de dinero público adicional, mezcla las cantidades destinadas a ayudas a los parados de larga duración que siguen sin tener empleo con las dotaciones para fomentar la formación de los desempleados más dispuestos a reincorporarse al mercado laboral.

La principal denuncia de los sindicatos de esta política de aparador del Gobierno la asumió ayer la UGT, que por la tarde difundió un comunicado con un mensaje contundente: "El plan de empleo 2015 no refleja un análisis real del mercado laboral". El sindicato considera que el Gobierno no solo equivoca su visión de la falta de empleo, sino que las cantidades que ayer se volvieron a citar como los más de 1.500 millones para las políticas de empleo autonó- micas son "insuficientes".

MENOS QUE EN EL AÑO 2011 Piden los portavoces de la central sindical que mejoren los mecanismos de reparto de las ayudas y que se afronte el problema del desempleo a partir de las elevadas tasas de desempleo que se siguen registrando, con sus efectos de "aumento de la temporalidad y la calidad en las contrataciones". Las críticas desde los grupos parlamentarios de la oposición en el Congreso no se han hecho esperar. El portavoz de Empleo del grupo socialista, Rafael Simancas, denunció ayer que el presupuesto para políticas activas se haya reducido en 2.700 millones de euros respecto al año 2011. (Más información en la página 31).