El vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, insistió ayer en defender la prudencia en la concesión de préstamos a empresas y familias, y advirtió de que el crédito seguirá desacelerándose dado el difícil contexto económico y el mantenimiento de la incertidumbre financiera. Solbes compareció ayer en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso, donde reconoció que "parece sensato" pedir un esfuerzo a las entidades financieras por sostener el crédito, pero consideró "imprudente" basarlo en requisitos cuantitativos.

"Tan malo es denegar un crédito a un demandante solvente como dárselo al que no lo pueda devolver", dijo el ministro, para quien es "inevitable" que haya un ajuste en la evolución del crédito en España, que en años anteriores creció de una forma "exorbitante" para la que ahora no hay recursos suficientes.

Es de prever, en su opinión, que el crédito siga desacelerándose en los próximos meses, tanto en consonancia con el deterioro económico como por el hecho de que los mercados financieros siguen "sin normalizarse".

El vicepresidente se mostró convencido de que las medidas tomadas por el Gobierno están ayudando de algún modo a buscar dicha normalización en el sistema financiero para que el dinero llegue a empresas y familias, aunque admitió que los efectos de algunas actuaciones llevan su tiempo.

Sí dio los datos de la evolución de una de las principales apuestas del Ejecutivo para facilitar la financiación de las pymes: la línea ICO-Liquidez, dedicada a prestar capital circulante --dinero para funcionar-- y que hasta la fecha, aseguró, ha prestado 160 millones de euros.

En su análisis de la situación económica, Solbes admitió por primera vez que ahora ve "más dificultades en 2010 que las que veía antes", a pesar de lo cual insistió en que espera que ese año se retome el crecimiento y alcance ya "cierto vigor" en 2011. Solbes también se mostró optimista sobre la compra de deuda pública española y confía en que los inversores puedan volver a interesarse cuando acabe la "sobre-reacción" que provocó la rebaja de calificación hecha por la agencia Standard & Poors.