La juez Teresa Palacios comenzó ayer a preparar el juicio contra el presidente del BSCH, Emilio Botín, y los ex consejeros José María Amusátegui y Angel Corcóstegui por un presunto delito de administración desleal.
Amusátegui percibió 43 millones de euros (7.155 millones de pesetas) en agosto del 2002 tras renunciar a todos sus cargos en el banco el 16 de agosto del 2001, tras la fusión dos años antes del Santander y del Central Hispano. Además, desde esa fecha se le abonan por pensión anual de jubilación más de 7 millones de euros (1.165 millones de pesetas).
Corcóstegui recibió 108 millones de euros (17.970 millones de euros) en febrero del 2002, cuando decidió jubilarse. Este contrato incluía una cláusula que impide a este ex consejero trabajar durante 10 años en otras entidades competidores del banco.
PAGOS "EXCEPCIONALES"
La juez sostiene que esos contratos "no tienen cobertura legal ni estatutaria" y que los pagos fueron "excepcionales". Por ello, se pregunta por las facultades que tenía Botín "para acometer" esos acuerdos. Y dice que esos contratos son "calificables de nulidad radical", ya que podían haber ido a un "reparto de dividendos".
Además, la magistrada mantiene que, si se querían realizar esos pagos, habría sido necesario "promover la reforma estatutaria". Y recuerda que otros miembros del consejo de administración no han percibido ninguna cantidad cuando han cesado en sus cargos.
Con esta decisión, la juez rechaza la petición del fiscal y de las defensas de los imputados que solicitaron el sobreseimiento de este proceso. Por contra, da un plazo de 10 días a la fiscalía y a las acusaciones particulares para que presenten sus escritos de acusación o pidan nuevas pruebas.
