El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad mantiene varias operaciones abiertas con el fin de conseguir el aval de 60.000 euros que le exige la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para cerrar su incripción en la Liga 21-22 de Primera División. El club blanquiverde figura junto a ElPozo Murcia, Jimbee Cartagena, Industrias Santa Coloma y el recién ascendido Manzanares en un listado de equipos que, tras ser examinada la documentación, registraban defectos formales o falta de algunos requisitos, según la resolución del Juez Único de Competición de la RFEF.
La entidad que preside José García Román se ha visto, como otras, inmersa en el fuego cruzado que mantienen la RFEF y la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS), en permanente conflicto por motivos de organización y de explotación de derechos de la máxima competición nacional de fútbol sala.
El depósito del aval, en el caso del Córdoba Futsal, tendría que ser en metálico dada la ausencia de patrimonio en la entidad, lo que ha obligado a la directiva cordobesista a acelerar gestiones con entidades financieras para poder solventar este escollo. Después de concluir el plazo de inscripción el 28 de julio, la RFEF ha dispuesto una moratoria de cinco días hábiles que concluirá el próximo jueves 12 de agosto.
En el Córdoba Futsal mantienen la confianza en un desenlace positivo, aunque este requerimiento económico está obligando a sus rectores a abrir gestiones en unas fechas muy complicadas. Además, la exigencia del aval llega tras una temporada marcada por la pandemia, en la que se jugó a puerta cerrada o con aforos mínimos, y sin que para la que viene se haya puesto en marcha aún la campaña de abonados.
El club, mientras tanto, mantiene su actividad y tiene fijada para el próximo martes 10 la fecha del inicio de la pretemporada de la primera plantilla de Josan González.
