La calificación señala, con sus ramificaciones, dos irregularidades. De una, los beneficios fiscales no repuestos a juicio de Pastor y Escudero y que generaron una deuda del antiguo propietario con el Córdoba CF SAD de 2,5 millones se tratará en un futuro. La otra es la demanda del club por "incumplimiento de acuerdos sociales" encaminados a que el máximo accionista de entonces realizara una aportación a pérdidas de 2.567.290 euros. Tiene su continuación en la calificación concursal, que entiende que dichos incumplimientos supusieron un daño a la SAD por valor de 3,4 millones en total.

El origen de toda la batalla comienza a finales del 2009 y principios del 2010, en una situación de crisis absoluta, tanto de la SAD como de su máximo accionista y con un José Miguel Salinas llamando a todas las puertas para intentar la subsistencia del club sin tener que recurrir al entonces dueño, ya con problemas económicos. El expresidente buscó alternativas y encontró la solución, primero, en la segregación del fondo norte y su correspondiente cesión. Pero llegó mucho mejor. La Dirección General de Gestión del Ayuntamiento de Córdoba valoró todo el estadio, con el nuevo fondo incluido, en 29,5 millones de euros. La cúpula económica del club solicitó a su auditora de entonces, Audibalance SL, un informe sobre la posibilidad de incluir la cesión del estadio como valor patrimonial ante el desequilibrio en las cuentas y la dificultosa capacidad para que el entonces máximo accionista pudiera responder. La auditora, a título informativo, contestó que sí y con alguna que otra salvedad. El siguiente paso fue acudir a la LFP e incluso al CSD. Desde la Liga de Fútbol Profesional se contestó que era, incluso, hecho común en varios clubs de fútbol incluir dicha cesión en sus cuentas, algo que ratificó el Consejo Superior de Deportes. De las tres, dos son entidades privadas.

Dicho y hecho. La puerta estaba abierta para restablecer el equilibrio patrimonial sin que el máximo accionista tuviera que responder con aportaciones dinerarias. La formulación de las cuentas con fecha 15 de marzo del 2011 señala que "se encuentra pendiente de ejecución los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de accionistas de 17 de noviembre de 2010, que implica la aportación económica, de como mínimo, 2.567.300 euros", tal y como detalla la calificación concursal realizada por Pastor y Escudero.

Sin embargo, "el balance y cuenta de pérdidas y ganancias de situación formulados al 25 de abril del 2011", tan solo 41 días después, "dan cuenta del restablecimiento patrimonial pero mediante la práctica de dos medidas distintas a la propuesta". En el caso que nos ocupa, "la contabilización del disfrute del estadio municipal El Arcángel por el valor neto de 16.339.894,60 euros".

Daniel Pastor y Alberto Escudero no lo consideran correcto, ya que si bien reconocen que "proporcionaba el restablecimiento patrimonial buscado", encuentran "una diferencia: mientras en aquéllas (la aportación dineraria) el restablecimiento era pleno, colocando tanto los fondos propios como el patrimonio neto en valores positivos y superiores a los mínimos legales, en éstas (la inclusión del usufructo de El Arcángel) el restablecimiento alcanzaba únicamente al patrimonio neto, dejando los fondos propios con saldo negativo". Un saldo negativo superior a los cuatro millones de euros. Esa disquisición, algo más que contable, centrará la primera batalla judicial entre los antiguos gestores y el club, que ha reclamado que se cumpla lo estipulado en las actas del consejo de administración y de la junta general de accionistas. Salinas halló un remedio a ello. El juez, con la ayuda de peritos y previas las alegaciones, pruebas y declaraciones pertinentes deberá dilucidar quién tiene razón.