Un año después de la entrada en vigor de la comisión de la propiedad intelectual (creada al amparo de la ley Sinde) el Gobierno ha decidido incrementar la lucha contra la piratería. Eso debería haber cosechado el aplauso de las entidades de gestión (defensoras de los intereses de los creadores). Sin embargo, estas atacaron duramente al Ejecutivo porque la ambiciosa reforma legislativa deja en la mínima expresión el concepto de copia privada, una de las fuentes de ingresos de las entidades. La reforma gubernamental, además, propone un exhaustivo plan de control y sanciones para evitar casos como el vivido en la SGAE en el 2001, cuando se destapó un masivo desvío de fondos.
Antes de analizar la reforma de la ley de propiedad intelectual, es necesario recordar que no entrará en vigor de manera inmediata. El Gobierno abre ahora un periodo de consultas con las comunidades autónomas y con otras instituciones. Después, el texto irá al Congreso de los Diputados y el Senado. Conclusión: la reforma entrará en vigor, como pronto, a finales de año.
Hasta ahora, si una entidad de gestión quería interponer una denuncia ante la comisión de la propiedad intelectual podía incluir un máximo de cinco contenidos pirateados. Cuando la reforma entre en vigor se podrán realizar denuncias mucho más amplias. Por ejemplo, una discográfica podrá iniciar un solo procedimiento contra una página web que aloje (ilegalmente) todo su repertorio musical.
Si alguna web pirata desoye los requerimientos de la Administración competente para retirar la película, el disco, el libro o el videojuego denunciado, tendrá sanción.
La multa también llegará si la web retira el contenido denunciado pero lo vuelve a incorporar. Las multas irán desde los 30.000 euros a los 300.000.
