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La exalcaldesa de Peñarroya, condenada a tres años y medio de prisión en la primera pieza del Caso Rocket
El juez considera a la antigua regidora responsable de un fraude de subvenciones, prevaricación continuada y dos delitos de falsedad en documento público por las actuaciones en Antolín III y Vega Currillo
Deberá pagar, además, alrededor de 220.000 euros en multas e indemnizaciones al Instituto de la Minería
Luisa Ruiz, exalcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo, durante el juicio. / Manuel Murillo
La exacaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo, Luisa Ruiz, ha sido condenada a tres años y seis meses de prisión y a pagar alrededor de 220.000 euros por delitos de prevaricación continuada, fraude de subvenciones y falsedad en documento emitido por funcionario público, en relación a la primera pieza del Caso Rocket, juzgado por la sección tercera de la Audiencia Provincial.
El 21 de diciembre de 2007, el Ayuntamiento de la localidad firmó un convenio con el Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC) para la redacción de dos proyectos de urbanización en Peñarroya-Pueblonuevo (Antolín III y Vega Currillo). La subvención total superaba los 755.000 euros y, de esta cantidad, el juez considera que casi 176.000 euros fueron a un destino desconocido.
Según la sentencia, se realizaron contrataciones irregulares sin ajustarse a procedimientos de contratación pública, incumpliendo lo establecido en el convenio. También considera que parte del dinero de las subvenciones fue a parar a un destino desconocido, mediante la inflación de facturas.
El destino desconocido de más de 175.000 euros
La gestión de la redacción de los trabajos de innovación y modificación del polígono de Vega Currillo, así como para la transformación del suelo en Antolín III y su urbanización, le fue encomendada a Promociones Industriales Valle del Alto Guadiato (Pivag) a través de una encomienda de gestión. Sin embargo, la exalcaldesa realizó "directamente y por su propia voluntad la contratación" de una arquitecta a cargo de la subvención para la redacción de unos trabajos "no encuadrados en los polígonos industriales".
"A sabiendas de que se trataba de polígonos y zonas diferentes a las subvencionables", explica el juez, Luisa Ruiz incluyó la actuación de la arquitecta en relación a estos dentro del objeto de subvención. La minuta fue de 22.000 euros, pero Pivag facturó al Ayuntamiento un total de 175.354 euros, dentro de los cuáles 11.200 euros eran para unos supuestos "gastos generales". El juez considera que esta facturación no se corresponde con trabajos reales. Además, precisa en la sentencia, con la finalidad de justificar la subvención, la exregidora confeccionó una memoria, firmada por la arquitecta, que elevaba los gastos a 165.354 euros.
El proyecto de Vega Currillo
Respecto a los trabajos en Vega Currillo, por concurso se adjudicaron a un estudio en agosto de 2009. Se establecía que la empresa debía innovar y modificar el Plan General de Ordenación Urbanística del Polígono de Vega Currillo, aunque meses después se incluyó un adjudicación adicional consistente en la urbanización del mismo.
Por el primer cometido, el estudio facturó 155.476 euros. Por el resto, tras litigar con el Consistorio, cobró 195.224 euros. En total, 355.000 euros. Pivag emitió una factura en la que 22.713 euros se correspondían a gastos generales indeterminados.
Por otro lado, para la dotación de servicios urganísticos (agua, depuradora, telefonía y telecomunicaciones y energía eléctrica) a dicho polígono, se contrató a una empresa ejecutora y a otra en la dirección. Los trabajos supusieron 1.835.000 millones de euros, una cantidad inferior a una subvención de 1.899.000 euros dispuesta para ello. "Movida por la finalidad de lograr el cobro de la totalidad", Luisa Ruiz confeccionó una factura de 63.848 euros, bajo el concepto de "estudios topográficos y geotécnicos y de gestión". Una "argucia", para el juez, con el fin de que el Instituto de la Minería otorgara la subvención.
Prisión e indemnización
Por todo ello, la exregidora ha sido condenada, en una sentencia contra la que cabe recurso de casación, a seis meses de prisión y el pago de unos 43.000 euros por el fraude de subvenciones, a tres años y seis meses de inhabilitación para ejercer de alcaldesa por la prevaricación continuada, así como a un año y seis meses de prisión por uno de los dos delitos de falsedad.
Por estos dos últimos delitos, además, deberá hacer frente a una multa de 10 euros diarios durante seis meses y a otros dos años de inhabilitación. Asimismo, Luisa Ruiz deberá indemnizar al Instituto para la Transición Justa (antes IRMC) con 153.325 euros y 22.714 euros.
Una segunda sentencia pendiente
La reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba hace referencia a la primera parte del Caso Rocket, con tramas relacionadas con la urbanización de los polígonos industriales de Peñarroya-Pueblonuevo. Sin embargo, el caso no termina aquí. Pendiente queda conocer el fallo del juez para la segunda pieza de Rocket, que aborda las tramas de los proyectos del tren turístico del Guadiato y del Museo del Ferrocarril, así como la adquisición de un vagón-restaurante para el municipio. El juez José Francisco Yarza dirimirá la culpabilidad tanto de la alcaldesa como de cuatro empresarios relacionados con la causa. El conjunto de los acusados se enfrenta a más de 60 años de prisión. Concretamente, la Fiscalía mantiene contra la exalcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo una petición de 20 años de cárcel por las tramas incluidas en la segunda pieza del caso. Si bien son cuatro los empresarios acusados de participar en las tramas, el Fiscal retiró la acusación contra uno de los empresarios en sus conclusiones finales, al considerar que sus delitos están prescritos. Contra el resto, con ligeras modificaciones, mantuvo su solicitud. En la última sesión del juicio correspondiente a esa pieza, las defensa de dos de los empresarios acabaron cargando contra el presunto cabecilla de la trama. La Fiscalía considera que la exalcaldesa seguía «ciegamente» las peticiones de dicho empresario y que se produjó un desvío de fondos públicos, con «mordidas» cobradas presuntamente de otros empresarios por parte del cabecilla, y una previa adjudicación irregular de las intervenciones investigadas judicialmente.
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