La Fiscalía mantiene la petición de más de 20 años de cárcel contra la exalcaldesa de Peñarroya

La Fiscalía de Córdoba mantiene la acusación contra la exalcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo, Luisa Ruiz, y contra tres empresarios por la trama del tren turístico del Guadiato, del vagón-restaurante y del Museo del Ferrocarril, dentro del caso Rocket, enjuiciado por la sección tercera de la Audiencia Provincial. En una nueva sesión del juicio, el Fiscal ha presentado sus conclusiones, tras la declaración de tres peritos sobre la restauración de las máquinas adquiridas por el Ayuntamiento de Peñarroya para el proyecto.

El ministerio público mantiene su postura, con ligeras modificaciones de las penas solicitadas. Para la alcaldesa, solicita en concurso medial cinco años por fraude de subvenciones y falsedad cometida por funcionario público en el momento de justificar el cobro de la subvención de los fondos Miner. Además, la exregidora se enfrenta a delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. El conjunto del caso suma una petición de 33 años y seis meses de cárcel para Luisa Ruiz. Para el conjunto de los acusados, asciende a 64 años. Por la primera de ellas, ya vista para sentencia, la Fiscalía pidió para la exalcaldesa más de 11 años.

La exalcaldesa de Peñarroya defiende la legalidad del tren turístico del Guadiato

Tras la intervención de todos los testigos, acusados y peritos llamados a declarar, el Fiscal considera demostrado que la exalcaldesa sobrepuso el interés del principal empresario acusado, C.G., sobre el bien público, cayendo en un "seguimiento ciego" por satisfacer los "deseos" de este. El representante de la Fiscalía ha reiterado que el cabecilla de la trama ejercía una importante "influencia" sobre la exregidora, que ha terminado con tres expedientes administrativos bajo sospecha de fraude.

"Capaces de cualquier cosa"

El ministerio público ha sostenido principalmente su acusación final sobre los últimos hechos conocidos de la trama en la manipulación de los registros municipales. El Fiscal ha señalado que Luisa Ruiz -sin saber cómo- modificó los libros de registro de forma ilícita, tras cesar como primera edil de la localidad el 11 de junio de 2011.

Un día antes había recibido un correo electrónico del Centro de Estudios Históricos del Ferrocarril Español (Cehfe), empresa a la que están vinculados dos de los acusados, en el que se le solicitaba autorización para la cesión de las máquinas y el vagón restaurante. Una semana después, Luisa Ruiz mantuvo, respecto al mismo tema, comunicaciones telemáticas con C.G. Hasta que el día 21 de junio, envió un correo en el que adjuntaba cartas de uso de máquinas en los "término convenidos", para que le fueran devueltos "firmados y sellados". También se incluía información relativa al museo, según ha explicado el Fiscal.

La alteración de los libros del registro, según ha concretado el ministerio público, perseguía el objetivo de favorecer la autorización del uso de las máquinas a C.G. y su empresa. Teniendo esa prueba en cuenta, el Fiscal ha concluido que "si es capaz de hacer eso cuando ya no es alcaldesa y no tiene interés en el proyecto, ni es competencia suya, entendemos que Luisa Ruiz y C.G. son capaces de cualquier cosa".

Comisiones de las empresas subcontratadas

La trama resulta compleja, como ha reconocido el propio fiscal. Cuando se planteó el proyecto del tren turístico, se encomendó la gestión a la empresa pública Promociones Industriales del Valle Alto del Guadiato (Pivag). Para la acusación, con el fin de "disfrazar la obtención de la subvención en su totalidad". La ejecución, a través de un convenio "irregular" en confección y uso, hizo que el proyecto recayera en manos de Cehfe y la Compañía General de Ferrocarriles Turísticos (CGFT).

El ministerio público considera que se trató de "un auténtico contrato" en beneficio de ambas entidades, que brindó a C.G. el "control directo sobre todas las operaciones". Las tres locomotoras adquiridas fueron sometidas presuntamente a una restauración y, para ello, se subcontrató a dos empresas especializadas. Empresas que, según el Fiscal, una vez iniciados los trabajos se habían visto obligadas a pagar comisiones a los empresarios acusados a través de trabajos de asesoramiento que no necesitaban y que realizaban las entidades de los acusados.

La ex tesorera del Ayuntamiento de Peñarroya niega que Luisa Ruiz ordenara manipular alguna factura

La Fiscalía cuestiona qué cantidades fueron las defraudadas, teniendo en cuenta que tanto las empresas subcontratadas como Cehfe y CGFT emitieron facturas a Pivag que remitió al Ayuntamiento para su pago con los 1,48 millones de euros de subvención. Al parecer, estos empresarios contactaban con otras empresas, a las que luego pedían que abandonasen el proceso de selección, para simular un proceso falso y "dejar en bandeja" los contratos a las entidades con las que habían pactado.

La tesis más realista para el Fiscal es la que da por buenas las facturas de los restauradores, pero rechaza las emitidas por Cehfe y CFGT. Así, quedarían 675.000 sin justificar. Sin embargo, ha recordado que la Guardia Civil, en su momento, consideró injustificada la cuantía total, ya que el proyecto estaba sin ejecutar en la fecha límite que establecía la subvención.

Un empresario absuelto

De los cuatro empresarios acusados, uno de ellos, J.F.P., vendedor de una locomotora, ha quedado absuelto de la acusación del Fiscal por considerar prescrito el tráfico de influencias. Para C.G. eleva la pena, al introducir el concurso medial para los delitos de tráfico de influencias y falsedad en documento privado tanto por la primera fase del tren turístico como por el contrato del vagón-restaurante.

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