Las defensas de los otros empresarios cargan contra el presunto cabecilla de la trama del tren turístico del Guadiato

La sala de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha asistido, este lunes, a un intercambio de acusaciones en la sesión final del juicio por la segunda pieza del Caso Rocket, que ha terminado con las defensas de otros dos empresarios cargando contra el presunto cabecilla (C.G.) de las tres tramas enjuiciadas. Visto para sentencia, será el juez quien tenga la última palabra sobre la responsabilidad que jugaron cada uno de los cuatro empresarios acusados, así como la exalcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo, Luisa Ruiz, en los hechos investigados.

Con ligeras modificaciones, la Fiscalía mantuvo, durante la anterior sesión, la acusación contra la exregidora -a la que solicita más de 20 años de prisión- y tres de los presuntos responsables por delitos de prevaricación, malversación, fraude de subvenciones, tráfico de influencias y, entre otros, falsedad documental. Al tiempo que retiró la acusación contra J.F.P. por la prescripción de los hechos por los que estaba acusado. Para el total de los imputados por el Caso Rocket, la pena de prisión supera los 60 años.

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Desvío de fondos públicos

En esta ocasión, la Abogacía del Estado se ha pronunciado para reafirmar su acusación respecto al fraude de subvenciones contra los acusados, al considerar demostrado el "desvío de fondos públicos" procedentes de la subvención -de casi 1,5 millones de euros- de los fondos Miner. Ayudas que tenían como objetivo la adquisición y reparación de tres locomotoras para el proyecto del tren turístico del Guadiato. En este juicio, además, se ha discernido sobre la legalidad de otros dos proyectos: la adquisición de un vagón-restaurante y la puesta en marcha del Museo del Ferrocarril.

La abogada del Estado ha basado su argumentación principalmente en que, a 31 de diciembre de 2010, fecha en que concluía el plazo de los trabajos subvencionados, no se había terminado, presuntamente, ese proyecto. Pero, además, observa otras irregularidades, como que una de las máquinas fue cedida al Centro de Estudios Históricos del Ferrocarril Español (Cehfe) por parte de la Fundación Española de Ferrocarriles con la condición, según ha expuesto la letrada, de que no fuera cedida a terceros.

La ex tesorera del Ayuntamiento de Peñarroya niega que Luisa Ruiz ordenara manipular alguna factura

También ha cuestionado el convenio, del que ha afirmado rotundamente que se trataba de un "contrato negociado sin publicidad" con empresas subcontratadas elegidas para "repartir el pastel", bajo la influencia del Cehfe y de la Compañía General de Ferrocarriles Turísticos (CGFT). Asimismo, ha tachado de "radicalmente falsas" las facturas registradas por los trabajos relativos a la adquisición y restauración de las máquinas. Y, en última instancia, ha señalado que la empresa pública Promociones Industriales del Valle Alto del Guadiato (Pivag), a la que se encomendó la gestión, no tenía atribuido el concepto de medio propio.

La "batuta" y las "mordidas"

En todo este presunto entramado, la Abogacía del Estado señala a la exalcaldesa, al igual que la Fiscalía, como responsable porque "tenía perfecto conocimiento de que los trabajos no estaban concluidos". Pero si sobre algo ha habido un consenso entre esta parte y dos de las defensas ha sido en acusar a C.G. de llevar la "batuta" y de ser "el que fundamentalmente se ha beneficiado" por cobrar "mordidas" de las empresas subcontratadas.

Así se ha expresado la abogada del Estado, antes de que lo hicieran las defensas. Ha sido en el turno de éstas cuando los abogados de R.O. y L.B. han arremetido también contra C.G. El primero se ha referido al presunto cabecilla como "el hombre que lo controlaba todo" y que "se aprovechó de la relación de amistad" con su defendido. En defensa de este último, ha expuesto que solo firmó tres documentos con información "sesgada y parcial" que recibió del otro acusado. Como demuestra, a su parecer, la falta de comunicación directa entre R.O. y la exregidora. Era C.G. quien mantenía contacto con Luisa Ruiz. Varios emails figuran entre las pruebas.

Por su parte, la defensa de L.B. ha asegurado que su defendido no se plegó "a un juicio ilícito" y que fue C.G. quien organizó el entramado "de manera exclusiva y excluyente". En ese sentido, ha explicado que el principal acusado contactó con su defendido preguntando si disponía de una pieza "museable" vinculada al ferrocarril y a Andalucía. L.B. confirmó que sí y, a los días, según el abogado, hicieron tratos. Pero, guardándose las espaldas, ha apostillado, su defendido facturó al Ayuntamiento directamente.

¿Manipulación del registro municipal?

Este letrado ha ido más allá y ha afirmado que quien tomó las decisiones y eligió los proveedores fue C.G., a la vez que ha exculpado a la exalcaldesa y a Pivag. En esta línea, las defensas se han amparado en que las pruebas, a su juicio, no resultan del todo sólidas. El abogado de Ruiz ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que no se hubiera manipulado el registro informático, sino el papel. Y ha criticado duramente el trabajo de la acusación, tildándola de "crónica de un fracaso anunciado". El propio Fiscal reconoció que se desconocía cómo se habían alterado los registros municipales.

Por su parte, la defensa del presunto cabecilla ha aportado un interesante dato para justificar el empleo del convenio. Y es que, según ha señalado, el convenio se formalizó en enero de 2007 y la Ley de Contratación que no lo permitiría entró en vigor en octubre de ese mismo año. Por lo tanto, se ha acogido a la Ley de Bases del Régimen Local, que establece que las entidades locales pueden establecer "consorcios" con "entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de interés público".

Además, ha pedido a la Fiscalía y a la Abogocía del Estado precisión a la hora de acusar, cuestionando la afirmación vertida por el Fiscal de que C.G. disponía y Luisa Ruiz daba. "¿Cómo?", ha preguntado. Asimismo, ha apuntado a que el secretario del Ayuntamiento recomendó el sistema empleado, el pleno lo aprobó y el Ministerio de Industria, estando al tanto, concedió la subvención.

El abogado del Ayuntamiento, por otro lado, se ha decantado por mantener la acusación contra los empresarios, exculpando a la exalcaldesa, de quien cree que actuó con afán de atraer "proyectos buenos para el pueblo y para una comarca tristemente castigada por la crisis". El letrado se ha mostrado tajante y ha afirmado que no se ha demostrado "una participación activa" de Luisa Ruiz y del Ayuntamiento en los hechos, ni se ha descubierto "ningún beneficio real". "Para una condena penal hace falta más", ha concluido.

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