Urbanismo

Unas 600 familias viven en las tres parcelaciones de la provincia de Córdoba legalizables con ayudas de la Junta

Son el camino de La Campana en Moriles, la calle Beneficio en Almodóvar y Campo de Aras en Lucena

Vista panorámica de la urbanización Campo de Aras en Lucena.

Vista panorámica de la urbanización Campo de Aras en Lucena. / Manuel González

Rafael Verdú

Rafael Verdú

Tres municipios de la provincia de Córdoba han comenzado ya los trámites para legalizar sendas urbanizaciones que no cumplían con todas las normas urbanísticas gracias a las ayudas de la Junta. Solo Moriles, Almodóvar del Río y Lucena consiguieron las subvenciones de 10.000 euros para elaborar toda la documentación técnica, aunque fueron ocho parcelaciones -algunas en la capital- quienes pidieron el apoyo institucional para elaborar unos planes especiales que no dejan de ser complejos. 

En estas tres urbanizaciones viven en torno a 600 familias, si bien la mayoría de ellas están en la lucentina Campo de Aras. Su tipología es diferente en los tres casos, pero todas comparten los problemas que han surgido a la hora de obtener suministros básicos, especialmente el agua. Mientras que la barriada de Lucena está aislada del núcleo urbano a varios kilómetros de distancia -al estilo de las grandes parcelas de la capital-, la de Almodóvar está a las afueras y la de Moriles es una parcelación muy cercana al pueblo, sobre un camino rural.

Campo de Aras en Lucena

La subvención de 10.000 euros otorgada por la consejería de Fomento al Ayuntamiento de Lucena terminará de impulsar y acelerará la redacción de un Plan Especial de Adecuación Ambiental y Territorial de Agrupaciones de Edificaciones Irregulares. Se trata de un texto de regulación básica delimitada en el sector de Campo de Aras y arbitrado, a instancias de una moción presentada por IU en junio 2022 y aprobada por unanimidad, ante la excesiva complejidad, económica y técnica del plan. A efectos prácticos, existe la imposibilidad de lograr la urbanización absoluta de esta superficie conforme a la literalidad del Plan General de Ordenación Urbana del año 2001.

La demora en la legalización de esta zona de primera y segunda residencia -donde habitan en el período estival más de 500 familias- provocó, en el año 2021, un expediente sancionador emitido por Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con la orden de anular las dos conexiones que suministran agua por extraer recursos hídricos de la red pública. Actualmente, los vecinos de este núcleo poblacional continúan accediendo al abastecimiento en virtud de unas medidas cautelares dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

El Consistorio ha cuantificado el presupuesto del proyecto en 70.000 euros. De forma prioritaria, este documento delineará las conducciones hidráulicas, aunque también detallará otras infraestructuras de servicios comunes como el fluido eléctrico, telecomunicaciones o saneamiento.

Calle Beneficio en Almodóvar.

Calle Beneficio en Almodóvar. / Diario CÓRDOBA

Calle Beneficio en Almodóvar del Río

La urbanización de Almodóvar es en realidad un lado de la calle El Beneficio a las afueras, en una ampliación desordenada de la barriada El Naranjal. El alcalde, Ramón Hernández, explica que en la zona afectada hay 25 casas cuyo presunto delito urbanístico «ya ha prescrito». Se abastecían de agua de un pozo que se secó la pasada primavera, por lo que los vecinos acudieron al Ayuntamiento a pedir ayuda. El primer edil refiere que «hablé con Emproacsa, hicieron el proyecto, pero tiene que ser con saneamiento y legalización de la parcela. Lo que hicimos fue empezar a redactar el plan especial», que ya está casi terminado y el Ayuntamiento espera tener listo para su aprobación inicia a comienzos del próximo año.

Parcelas en el camino de La Campana de Moriles.

Parcelas en el camino de La Campana de Moriles. / Diario CÓRDOBA

Camino de La Campana en Moriles

El caso de Moriles es una parcelación en un camino rural conocido como La Campana, donde según la alcaldesa, Francisca Carmona, hay en torno a 50 viviendas que tomaban el agua de pozos pero no tenían saneamiento. «Tiene problemas porque hay pozos y fosas sépticas, no hay ordenación urbanística para vivir con medidas mínimas de seguridad». Cualquier posible delito urbanístico ya ha prescrito, tal como marca la ley para poder regularizar la zona. 

Carmona considera que los plazos para elaborar el plan especial son ajustados, puesto que no hay nada encargado aún. El Ayuntamiento, según la alcaldesa, «no tiene capacidad para adelantarse a la subvención de la Junta», pero «intentaremos cumplir».