Familias demandantes de vivienda de Lucena accederán a 14 pisos sociales en el Zarpazo

La Junta de Andalucía ha conseguido recuperar la posesión de 14 pisos ubicadas en la urbanización El Zarpazo de Lucena, una vez culminados los respectivos procedimientos judiciales iniciados contra quienes ocupaban irregularmente los edificios. Estos pisos, tras la materialización de las imprescindibles reformas y adecuaciones funcionales, beneficiarán a otras tantas familias inscritas en el registro municipal de inmuebles protegidos, gestionado por la empresa municipal Suvilusa. 

Reiteradamente, el Ayuntamiento ha demandado a la administración autonómica celeridad y diligencia en el desalojo y posterior adecuación de las viviendas. 

A mediados de febrero, el Consistorio anunciaba que la ocupación clandestina, en estos bloques de titularidad pública de la zona este y anexos a la carretera que conduce hacia Rute, únicamente afectaba a 11 pisos y, sobre todos ellos, ya recaían reclamaciones para reponer su lícita utilización. La delegada territorial de Fomento, Cristina Casanueva, indicaba que «no han sido recuperados en su totalidad, aún, pero la previsión es que estén recuperados todos antes de final de año». En los períodos de mayor expansión, este fenómeno ilegal se ramificaba en una treintena de inmuebles. 

En aquel entonces, hace unos dos meses y medio, el propio alcalde, Juan Pérez, exteriorizaba optimismo y confianza sobre la pronta finalización de los diferentes procesos impulsados al objeto de rescatar los pisos violentados. De hecho, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ya había empezado a adjudicar, nuevamente, edificaciones recuperadas y los arrendatarios habían iniciado la constitución de comunidades de residentes.

Hace sólo unos días, el consejo rector de AVRA ha acordado la ejecución de una actuación de «reparación, rehabilitación y mejora» dentro del grupo de 38 viviendas situadas en El Zarpazo. Las intervenciones, encomendadas a una empresa externa, atañen a 14 pisos localizados en las calles Alondra nº 2 y Gavilán nº1. El presupuesto asciende a 70.000 euros y se ejecutarán, previsiblemente, en 2024, al terminar la redacción del proyecto y posterior licitación de las obras. El objetivo es devolverlos «a su estado anterior» y alcanzar «las condiciones de habitabilidad y legalidad urbanística» implantadas originariamente. AVRA también se compromete a remozar aquellos espacios comunes que han soportado «actos vandálicos» y que presentaban notorios desperfectos y degradaciones.

Finalmente, al disponer efectivamente de estos pisos, que se otorgan en régimen de alquiler social, Suvilusa propondrá a AVRA la concesión de las viviendas a familias demandantes de un piso protegido y que, oportunamente, consten en el listado municipal. En los últimos meses, las peticiones de inmuebles de esta naturaleza ha bordeado el centenar.