PALMA DEL RÍO

CCOO y los trabajadores de LCG Fruit denuncian un despido improcedente

Se investiga un presunto delito tras denunciarlo ante la Guardia Civil y llevar el caso al plano judicial

Trabajadores y miembros sindicales en las puertas de la empresa LCG Fruits.

Trabajadores y miembros sindicales en las puertas de la empresa LCG Fruits. / E.M.

CCOO y un total de 49 trabajadores de la planta de envasado LCG Fruit denuncian un presunto despido improcedente. Según señalan desde el sindicato, el caso se está investigando, toda vez que el supuesto delito se ha denunciado ante la Guardia Civil y se ha llevado a la vía social y penal. Marina Borrego, secretaria general de CCOO en Córdoba, que ha acompañado a los trabajadores en una movilización, ha informado de la reunión que ha mantenido con la delegada territorial de Empleo, María Dolores Gálvez, a la que le ha dado traslado del conflicto "ante un despido improcedente y concurso de acreedores" ha puntualizado.

Sergio Marín Cobos, presidente del comité de empresa, ha explicado que en agosto fueron despidos los trabajadores "sin abonarse indemnizaciones, una nómina y atrasos de convenios". Además señala que, a causa de los erte de mayo de 2019, cuando llegó LCG Fruit a la planta de envasado, "cobran el 50% de desempleo desde el pasado mes de septiembre". Reconoce Marín que ha existido confusión tras solucionarse la situación de los trabajadores de la planta de exprimido de Zumos Palma, en tanto que “se ha creído que nuestro problema estaba también solucionado”, añadiendo que “nos alegramos por nuestros compañeros, pero el problema de esta fábrica no está resuelto”. A su juicio, todo empezó cuando "llegó una empresa sin músculo financiero y un proyecto viable para la planta", en referencia a LCG Fruits, “los trabajadores siempre hemos creído que iban a desmantelar la fábrica”. Precisa que llegaron a la planta "sin hacer una auditoría" y que han pasado por varios ERTES que finalmente fueron ERE "sin presentar las cuentas del 2021 y del 2022, por lo que creemos que se ha hecho un fraude de ley, no se ha argumentado la causa del despido, ha habido mala fe empresarial” asegura. En este punto, subraya que “se ha hecho un vaciado patrimonial, la unidad productiva se ha trasladado de LCG a IberPalma Foods”, apuntando que “en este caso, se tendrían que haber subrogado los trabajadores”. En este escenario Marín afirma no saber en manos de quién está la empresa mientras que Marina Borrego apunta a la investigación que se está llevando a cabo una vez interpuesta la denuncia ante la Guardia Civil.

Tanto para los trabajadores como el sindicato, se trata “de un entramado empresarial, cambio de administradores, desmantelamiento de una fábrica”, sin olvidar que “mientras que existan conflictos judiciales no vendrá un inversor”. Agustín Jiménez, secretario de Industria de CCOO-Córdoba, ha comentado al respecto que “el caso está en una fase complicada, un entramado empresarial que ha venido a hacer negocio, no ha desarrollar un proyecto empresarial”. Al mismo tiempo, ha afirmado que “se han deshecho de la plantilla de forma gratuita”, aludiendo a un presunto delito contra los trabajadores que se encuentra en vía judicial y en la inspección de trabajo.

La relación con Zumos Palma

El pasado mes de mayo la totalidad de la plantilla de LCG Fruit, planta de envasado que hasta 2019 estuvo vinculada a Zumos Palma. Plantearon una huelga exigiendo un plan de viabilidad y el abono puntual de las nóminas. Según argumentaban, en los últimos 11 meses la empresa había estado pagando con retraso las nóminas. Aunque este punto finalmente quedó solucionado, ahora, desde el comité de empresa señalan que en agosto cerró la producción que hasta entonces había envasado zumos de marcas blancas, marcas propias, infusiones, batidos y bebidas refrescantes. Esta línea trabajaba para Zumos Palma y ahora se acusan mutuamente de una deuda de cinco millones de euros, señalan los trabajadores y el sindicato.

De los 52 trabajadores de la planta, 49 han iniciado una serie de movilizaciones, mientras que tres de ellos continúan trabajando desde dirección y administraciones. Marín señala que la deuda media por trabajador ronda los 30.000 euros. Y, se preguntan “no entendemos cómo se puede cerrar una fábrica de estas características en la zona citrícola donde nos encontramos, esto es la vida de Palma, qué tipo de negocio vinieron a hacer aquí”. En cuanto al entramado empresarial reflexionan, “no entendemos cómo pasan estas cosas, qué nos pasaría a nosotros sí dejamos de pagar nuestras facturas”.