"David ha vencido a Goliat». Así de rotundo y claro se pronuncia Fernando Trujillo, portavoz de los 38 trabajadores de la planta de exprimido de Zumos Palma, al haberse alcanzado un acuerdo con la empresa que abonará a la plantilla 1,3 milones de euros, junto un año después de que los trabajadores iniciaran una movilización tras ser dados de baja por la firma del grupo inversor turco Toksöz, Zumos Palma.
Todo empezó el día 9 de noviembre, el día 10 eran dados de alta por Cegeplas, Central Andaluza de Gestión y Suministros de Plásticos, y 9 días después, el 19 de noviembre, Cegeplas anulaba el alta. El día 20 de diciembre los trabajadores de la planta de exprimido de Zumos Palma iniciaban un encierro indefinido que dieron por finalizado ayer, al acordar que Zumos Palma abonará a los trabajadores más de 1,3 millones en indemnizaciones tras el acuerdo rubricado por CCOO, la firma de abogados palmeña Mancilla&Spínola, en representación legal de los trabajadores, y la empresa turca.
Pago indemnizaciones
El acuerdo aprobado por la plantilla en asamblea, recoge el pago de las indemnizaciones correspondientes por despido improcedente, algo más de 1,3 millones de euros, y el compromiso de abonar los salarios pendientes de pago, que ascienden al algo más de 261.000 euros, antes del 28 de febrero de 2023. Este acuerdo cierra las acciones judiciales emprendidas por los trabajadores, y Zumos Palma y Toksöz se reservan la posibilidad de emprender acciones legales contra Cegeplas.
Trujillo no puede negar que llegar a este desenlace «ha costado sangre, sudor y lágrimas», para dirigirse a otros trabajadores que se encuentren en situaciones similares para decirles que «animamos a todos los trabajadores a que luchen, que la lucha tiene su recompesa». Explicó que la empresa les comunicó hace un mes que iban a pagar, pero «pensamos que iríamos al juicio previsto para el 24 de noviembre». Y recalca que «curiosamente, la empresa ha querido negociar antes de llegar a sede judicial».
De esta forma, se ha evitado prolongar más en el tiempo la resolución de la situación al poner fin a los procesos judiciales en marcha a instancias de la plantilla. Se da respuesta a una situación calificada en estos meses de «limbo legal», «limbo laboral» y «limbo administrativo». No menos importante en este acuerdo es que se abre la puerta a futuros inversores para que recuperen esta fábrica y den respuesta al sector agroindustrial tras la caída de esta planta. A lo largo de estos 12 meses se ha especulado con la llegada de posibles empresas, es obvio que la situación, pendiente de juicios, era un inconveniente.
En este sentido, la alcaldesa palmeña, Esperanza Caro de la Barrera, manifestó este lunes su satisfacción ante el acuerdo y recordó que «es una realidad que se está trabajando en futuros inversores para la planta, el Ayuntamiento palmeño está trabajando, colaborando, para llegar a un buen acuerdo, es una labor de varios meses».
Por este llamado «campamento de la dignidad» , en la zona de aparcamiento al aire libre de la planta, con frío y calor, han pasado partidos políticos, instituciones, entidades, hermandades y vecinos que han mostrado apoyo incondicional a los trabajadores.
