El Consejo de Ministros ha acordado declarar zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil (Zaepc), conocidas como zonas catastróficas, cinco provincias andaluzas --Granada, Sevilla, Córdoba, Cádiz y Huelva-- que este verano han sufrido importantes incendios forestales, además de provincias de otras 12 comunidades autónomas. Entre las zonas afectadas por el acuerdo se encuentra Villaharta, donde la semana pasada ardieron casi 113 hectáreas en un incendio que hizo temer por la población dada la cercanía a la que se quedaron las llamas. Sin embargo, Alcaracejos, cuyo término municipal se ha visto seriamente afectado por el incendio que se inició en el Puerto del Calatraveño, ha quedado fuera de dicha declaración.
La explicación no es otra que el Gobierno ha incluido a aquellas zonas en las que las administraciones competentes, en este caso las comunidades autónomas, activaron los protocolos de emergencia en los niveles 1 o 2. Ese fue el caso del incendio de Villaharta, donde la Junta activó el nivel de emergencia 1 a las pocas horas de iniciarse el fuego, que quedó a escasos metros del casco urbano. No ocurrió lo mismo con el del Calatraveño, donde no se activó el protocolo de emergencia a pesar de que el balance final en hectáreas quemadas ha sido muy superior, ya que ardieron más de 600. Y ese detalle es el que le ha llevado a quedar fuera de las ayudas estatales, al menos de momento.
Sorpresa
La noticia ha sorprendido al alcalde de Alcaracejos, José Luis Cabrera, que no entiende la decisión y anunció que pedirá explicaciones y responsabilidades, dados los daños ecológicos y materiales que ha sufrido el término municipal. «Haré todo lo posible para obtener respuestas y una solución para mis vecinos», afirmó.
Desde la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, según ha podido saber este periódico, también han trasladado su sorpresa al Ejecutivo y trabajan para tratar de incluir a Alcaracejos en esa lista. La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, también ha avanzado que desde la Junta de Andalucía estudian demandar que se replantee esa catalogación.
Las áreas de Andalucía declaradas Zaepc, según un comunicado de la Delegación del Gobierno en Andalucía, son las afectadas por los incendios registrados en Jun, Taha-Capileira, en la provincia de Granada; El Ronquillo en Sevilla; Villaharta en Córdoba; Tarifa en Cádiz, y Bonares y Lucena del Puerto en la provincia de Huelva.
En todos los casos, los incendios alcanzaron tal gravedad que la Junta activó el plan de emergencia, tal y como establece el Plan Estatal General de Emergencias (Plegem) aprobado el pasado 15 de diciembre por el Gobierno para acceder a la declaración de Zaepc.
El incendio de Alcaracejos quemó un total de 610 hectáreas y arrasó explotaciones agrícolas y ganaderas, según recuerdan desde el Ayuntamiento de la localidad y desde la Subdelegación. Además, hasta 12 personas tuvieron que ser rescatadas durante el inicio de las llamas por la Guardia Civil y para su extinción se requirió el apoyo de equipos del Ministerio de Transición Ecológica. Por ello, en la Subdelegación del Gobierno confían en conseguir revertir la decisión y que finalmente se incluya al municipio cordobés en esta categoría.
Por su parte, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado que el acuerdo del Consejo de Ministros «demuestra una vez más la sensibilidad del Gobierno de España con nuestra tierra». Fernández ha agradecido «no solo esta sensibilidad sino la celeridad con la que el Ejecutivo ha actuado, pensando en las personas, en las generaciones futuras, y con la vista puesta en apoyar a quienes lo necesitan».
Daños sin cuantificar
Los daños no han podido ser identificados y cuantificados con la precisión necesaria para determinar las ayudas destinadas a paliar tales perjuicios, por cuanto la fase de recuperación, iniciada inmediatamente después de la de intervención, no ha finalizado todavía.
La declaración como Zaepc permitirá que los afectados puedan beneficiarse de una serie de medidas y ayudas destinadas a paliar tanto daños personales como materiales en vivienda y enseres y en establecimientos industriales, mercantiles, agrarios y de otros servicios. Esta también incluye ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes, así como a las corporaciones locales en sus labores de recuperación de las áreas devastadas por el fuego.
Una vez que la Administración General del Estado disponga de una memoria con la estimación de los daños producidos, que realizará en colaboración con el resto de administraciones autonómicas y locales competentes, el acuerdo podrá incorporar otras medidas complementarias, relativas al IBI, IAE, IVA e IRPF para compensar las pérdidas.
