El Consejo de Ministros ha acordado este martes declarar zona gravemente afectada por emergencia de protección civil -conocida como 'zona catastrófica'- a 13 comunidades autónomas que han sufrido incendios este verano y otro tipo de catástrofes naturales. Se queda fuera de esta lista el Mar Menor, gravemente afectado por el deterioro ambiental de la zona.
La declaración afecta a las regiones que en los últimos meses han sufrido incendios graves como es el caso de Castilla y León, donde en el incendio que afectó a los municipios de Navalacruz y Cepeda de la Mora, en la provincia de Ávila, ardieron casi 22.000 hectáreas, o a la isla canaria de La Palma, donde el fuego calcinó centenares de hectáreas y afectó a decenas de viviendas.
La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez ha informado al término del Consejo de Ministros de este acuerdo, que pretende hacer frente a las "situaciones muy dramáticas" vividas en muchos lugares de España y atender a los "daños materiales, personales, en infraestructuras, enseres, establecimientos industriales, ganaderos, personas físicas y jurídicas y corporaciones locales" provocados por los incendios.
En concreto, se ha declarado zona afectada gravemente por emergencia de Protección Civil en la comunidad autónoma de Castilla y León, fundamentalmente por el fuego en Ávila, pero también en Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, Navarra y el Principado de Asturias.
La ministra ha confirmado que estas comunidades autónomas serán beneficiarias de ayudas como consecuencia de los incendios que se han producido en estos días para daños materiales pero también para daños personales, en infraestructuras, viviendas, enseres, establecimientos industriales, ganaderos, agrarios, también para personas jurídicas y si los hubiera, para las corporaciones locales afectadas.
En este contexto, ha destacado la "sensibilidad" del Gobierno y ha reconocido el trabajo de prevención y extinción de incendios en España, que se han visto "muy reforzados" en los últimos años, lo que permite que las labores resulten "más sencillas", gracias a este "esfuerzo colaborativo entre todas las administraciones".
La ministra portavoz se ha referido "especialmente" a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que con su acierto en la predicción pone el acento e interés en aquellos medios que se puedan poner para prevenir los incendios. En segundo lugar ha valorado el esfuerzo de las unidades de Protección Civil, a las brigadas contra incendios, la Unidad Militar de Emergencias.
A este esfuerzo atribuye que hasta el momento no se ha tenido que "lamentar ninguna pérdida de vida humana".
Finalmente, ha defendido la "sensibilidad" del Gobierno en la lucha contra el cambio climático y ha defendido la "diligencia" de España en la lucha contra los incendios después de haber visto "fenómenos parecidos" en otros países del entorno del Mediterráneo
Por último, la portavoz del Gobierno ha reconocido la reacción de la sociedad civil ante estos hechos cuya colaboración y solidaridad subyace en estos momentos tan complicados.
Protestas en el Mar Menor
El Gobierno central descarta declarar el Mar Menor como zona catastrófica porque considera que el problema "no es algo que ocurra en un día ni en un fin de semana", sino el resultado de "años de dejación" de las competencias que tiene encomendadas el Gobierno murciano, presidido por Fernando López Miras, del PP. No es consecuencia "de un conflicto de competencias" entre administraciones, sino que responde a "una dejación de competencias" del Ejecutivo de Murcia, de "años de inacción y de permisividad con acciones lesivas con el medio ambiente" de ese espacio natural.
La ministra portavoz ha insistid en que cada Administración ejerza sus competencias y en que el Gobierno de Murcia ejecute las sanciones que correspondan para acabar con la situación "lesiva" que representa que cada día se estén vertiendo en este espacio natural 4.000 kilos de nitratos. Ha recordado que el Seprona y la Fiscalía de Medio Ambiente "han instruido ya 800 expedientes", en lugar de haberlo hecho el Gobierno de Murcia, "que es el órgano competente".
