El PP exigió responsabilidades a la Junta por la trama sobre los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que ya están en manos de la justicia, e Izquierda Unida demandó que el Parlamento cree una comisión y que la Cámara de Cuentas fiscalice las subvenciones concedidas en materia de empleo entre el 2000 y el 2010. Los socialistas presentaron una enmienda de apoyo a la Junta en cuantas medidas adopte para combatir la corrupción y respaldaron la cooperación que el Gobierno andaluz está prestando a los tribunales para esclarecer las presuntas irregularidades.
