A juicio por recoger 2,1 kilos de heroína entregados por un guardia civil disfrazado

La sección segunda de la Audiencia provincial de Córdoba juzga este miércoles a una mujer acusada de, presuntamente, recibir un paquete con 2,1 kilos de heroína que le fue entregado por un agente de la Guardia Civil disfrazado de profesional de la mensajería. La fiscal solicita que se le impongan ocho años de prisión y una multa de 629.927 euros.

El escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público señala que la actuación policial fue motivada por el aviso del Servicio de Aduanas de Alemania. Habían detectado el envío de un paquete con alrededor de 2,1 kilos de heroína en el aeropuerto de Leipzig e informaron al Equipo de Delincuencia organizada de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba.

El nombre del destinatario era una identidad falsa y el paquete llegaría al aeropuerto de Málaga. Para comprobar estos hechos, el Equipo de Delincuencia Organizada de la Guardia Civil solicitó autorización de circulación vigilada y entrega controlada del paquete.

Una vez abierto el referido paquete, en su interior se observaron, a la vez, tres paquetes que contenían un bolso cada uno. Cada bolso tenía dos dobles fondos con plantillas que contenían una sustancia marrón. La prueba del drogo test en opiáceos resultó positiva y el peso de la sustancia aprehendida se situó en torno a los 2,1 kilogramos.

Un agente disfrazado de repartidor

Ese mismo día, un agente de la Guardia Civil vestido como un trabajador de la empresa de transporte entregó el paquete en la dirección determinada y fue recibido por la acusada. El análisis de la droga intervenida arrojó un peso de 1.777 gramos de heroína con un índice de pureza del 47,31%.

La fiscal afirma que la encartada pensaba destinar la droga a la venta o donación a terceras personas. Esta sustancia habría alcanzado un valor de 157.482 euros en el mercado ilegal. En este sentido, afirma que estos hechos constituyen un delito contra la salud pública de sustancia que causa grave daño a la salud de notoria importancia, por el que pide que se impongan a la acusada ocho años de prisión y una multa de 629.927 euros.