Abogados y procuradores
José Carlos Arias: «La situación es peor que en 2019»
![Carlos Arias, tras ser elegido nuevo decano del Colegio de Abogados de Córdoba.](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/905ab855-1c8e-4b83-a7f9-a20ab56f7357_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
Carlos Arias, tras ser elegido nuevo decano del Colegio de Abogados de Córdoba. / MANUEL MURILLO
El decano del Colegio de la Abogacía de Córdoba, José Carlos Arias, afirma que la Justicia «está peor que en 2019, el retraso es acumulativo», y apunta entre las causas de esta situación las huelgas de letrados y de funcionarios del año pasado; «una falta de personal importante»; la implantación del nuevo sistema procesal Adriano, sobre la que comenta que «los juzgados de Instrucción están fatal, incluso perdiendo procedimientos»; los «cambios de jueces repentinos» y la reciente aprobación del Real Decreto-ley 6/2023 para la modernización de la Justicia, que describe como «una reforma tremenda, que retoca todo», y en la que «hay muchas cosas que no se han previsto y que supondrá muchas anomalías e incertidumbre en los profesionales», augura.
Así, el decano del Colegio de la Abogacía señala que «esto es la tormenta perfecta» y recuerda que en la actualidad la Consejería de Justicia «está fomentando la mediación» como herramienta para reducir la carga de trabajo de los juzgados. «Tengamos paciencia y seamos optimistas», anima.
Por su parte, la decana del Colegio de Procuradores, María José Carralero, coincide en afirmar que «los juzgados sufren un retraso considerable no desde la pandemia, sino desde mucho antes, que se ha incrementado con las dos huelgas de letrados de la Administración de Justicia y luego, de los funcionarios».
![María José](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/7af35142-e384-41a6-bea3-0b6996aec212_alta-libre-aspect-ratio_default_0.jpg)
María José Carralero. / CÓRDOBA
Esta profesional destaca también el impacto de la implantación del nuevo @Adriano, «que está provocando que todo se ralentice mucho más», y subraya la «falta de funcionarios». «No se incoan demandas aunque estén repartidas, por lo que no solo el ciudadano sufre ese retraso, sino también los profesionales que vemos cómo por mucho que queramos no tenemos forma de impulsarlos». María José Carralero se muestra convencida de que «no hay más que pensar que si Justicia fuera Hacienda, no estaríamos hablando de retrasos».
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