Urbanismo declara nulo parte del plan de las naves de la antigua Colecor

La Gerencia de Urbanismo de Córdoba ha declarado nulo parte del plan especial de la carretera de Palma, el referente a las naves de la antigua Colecor. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica este jueves un edicto del gerente del organismo municipal, Julián Álvarez, mediante el que hace público el fallo judicial emitido por el Tribunal de Justicia de la Junta de Andalucía (TSJA), que después fue ratificado por el Tribunal Supremo en el 2017.

Esa sentencia decía que dos artículos del plan especial, el 14 y el 20, eran nulos, por lo que se mostraba en desacuerdo con la normativa referente a los usos permitidos en las naves que pertenecieron al empresario Rafael Gómez y al espacio que había que derribar de las mismas para su legalización. Las naves de la antigua Colecor fueron construidas sin licencia por el empresario a mediados de la década del 2000.

Una empresa exige que se cumpla la sentencia que obliga a modificar el plan de las naves de Colecor

De esta manera, la Gerencia de Urbanismo empieza a actuar en relación a este plan especial, que está en el limbo desde entonces. A finales del pasado año, una de las empresas con propiedades en el ámbito de ese documento urbanístico, Projarsa, presentó en el juzgado un escrito mediante el que instaba a la ejecución de la sentencia. Projarsa solicitó al TSJA que notifique al Ayuntamiento que debe llevar a efecto y cumplir lo que dice la sentencia y que se establezca un plazo máximo de seis meses para ello.

La primera consecuencia de esa actuación es el paso que da ahora Urbanismo, que debe redactar de nuevo esos dos artículos para dar validez a un plan que establece las reglas del juego de 155 hectáreas de terreno y que lleva una larga andadura tras de sí.

Basta recordar que el plan de la carretera de Palma ya tuvo una primera redacción y fue tumbado judicialmente por partir de la iniciativa privada. El Ayuntamiento de Córdoba se vio obligado a redactar un nuevo documento urbanístico de la mano de la Junta de Andalucía, que es la que no estaba de acuerdo con el plan. Ese plan, ya de iniciativa pública, fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en 2012, pero tampoco logró el visto bueno de la Junta, que lo llevó de nuevo al juzgado por los dos artículos más controvertidos del mismo. La Junta siempre fue partidaria de que las naves no tuvieran un uso comercial y de derribar más espacio del que fijaba el plan. Su tesis es que hay que demoler 21.000 metros cuadrados en vez de 15.000, o sea, la mitad de lo edificado, y que las naves no deben usarse para almacenar y vender, ya que la actividad de almacenaje y logística no es un uso industrial, sino terciario y, en definitiva, comercial e impropio de ese suelo de la Vega. 

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