Desahucio sí, desahucio no

La palabra de los vecinos contra la de Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). Acera del Río 43 y 45 está en pie de guerra contra la administración para evitar que los desalojen. La semana pasada, un grupo acudió al pleno del Ayuntamiento para denunciar la precaria situación del edificio en el que viven y pedir al alcalde que intervenga para que AVRA los desahucios.

Este periódico ha estado en el inmueble, cuya zonas comunes se encuentran en condiciones lamentables, con grietas, zonas sin iluminación, inmuebles tapiados... que los vecinos achacan a la dejadez de la Agencia. Un número importante de los pisos tiene las ventanas tabicadas por ellos mismos, que aseguran que lo hicieron «para evitar que un grupo de narcotraficantes se metiera y los convirtieran en narcopisos». Se quejan también de que el bloque, con aguas subterráneas que llegaron a inundar un ascensor, «se está hundiendo sin que nadie haga nada para evitarlo» y añaden que hay «una inseguridad constante» que se traduce en «cerraduras destrozadas, azoteas y pisos ocupados y acceso de drogodependientes que han llegado a quitar los tubos de gas y a vender uno de los inmuebles», pese a que se trata de viviendas de protección pública para arrendamiento (VPPA) que no se pueden vender. «AVRA lo sabe por nosotros, pero no hacen algo para protegernos y lo que nos dijo el director en la última reunión que tuvimos después del pleno es que nos van a echar a todos», asegura Israel, «y que hay una organización que se encargará de gestionar los alquileres, pero no nos dicen cuál es».. Desde hace meses, están recibiendo cartas en las que se les invita a irse de forma voluntaria. Se les informa de que «transcurrido el tiempo de vigencia del contrato, no hay intención de renovarlo y se les requiere para que abonen la deuda pendiente, concluyendo que si no se van, se iniciarán las acciones legales que correspondan». 

Por su parte, la Junta de Andalucía, consultada al respecto, asegura que «no se va a desahuciar a nadie» y que solo hay una familia pendiente de desalojo por impagos acumulados desde 2012. Se trata de Israel, padre de dos hijos, que tenía fecha de lanzamiento señalada para el 17 de enero, aunque el juzgado lo paralizó al presentar el informe de vulnerabilidad correspondiente. 

La Junta admite que la mayoría de vecinos acumulan también importantes deudas de alquiler, pero insiste en desmentir «categóricamente» que se vaya a desahuciar a 23 familias, como señala Israel, en base a esas cartas y a que el pasado verano ya desalojaron a una familia con tres niños, uno con una discapacidad como recogió este diario. «Estamos ofreciendo un trato muy personal e individualizado y estamos llegando a acuerdos con los vecinos para poder reducir la deuda que tienen». En algunos casos, se les reclaman más de 30.000 euros, según las cartas remitidas, aunque los afectados afirman que «se les exige más de dinero del que en realidad debemos porque lo que hemos pagado no se descuenta». 

En cuanto al estado del edificio, la Junta de Andalucía asegura que se están arreglando cosas, que se han repuesto extintores, que se va a arreglar el ascensor que está averiado y que se ha contratado recientemente un seguro en el edificio para que las cosas que «desaparecen en las zonas comunes» o las cerraduras que se rompen fruto del vandalismo no corran a cargo de AVRA. Por su parte, Israel responde que «todas esas cosas las está haciendo la comunidad con las cuotas de los vecinos, no la agencia». Del mismo modo, las mismas fuentes de la administración admiten que hay pisos que están vacíos desde hace tiempo y aseguran que la intención de la agencia es incorporar a familias nuevas, aunque de momento, se desconoce cuántas serán ni cuándo irán llegando. 

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