ESTADÍSTICA DEL MINISTERIO DE FUNCIÓN PÚBLICA

Córdoba alcanza una cifra récord de empleados públicos con casi 50.000 efectivos

El 62,5% del total de trabajadores del sector trabaja para la Junta en la provincia

Las mujeres ocupan más de la mitad de puestos en el conjunto de administraciones

Trabajadores de la Junta de Andalucía.

Trabajadores de la Junta de Andalucía. / A.J. GONZÁLEZ

M.J. Raya

M.J. Raya

El número de empleados públicos de la provincia de Córdoba se ha incrementado de forma significativa entre julio de 2022 y julio de 2023, siendo un 8,47% superior. De este modo, partiendo de los datos existentes desde 2007, en 2023 se ha alcanzado una cifra récord de trabajadores que ejercían en julio del pasado año para la administración estatal, autonómica o las diferentes entidades locales.

Así lo reflejan los datos publicados por el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública en su Boletín Estadístico de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, actualizados hasta julio de 2023.

En el último informe, de julio de 2023, la provincia tenía 49.980 empleados públicos, 3.905 más que justo un año antes. De ese total de trabajadores públicos, el 62,5% (un porcentaje un 3,5% superior al balance precedente de julio de 2022, que era del 59%) dependían de la Junta de Andalucía y sus órganos autónomos, una elevada proporción teniendo en cuenta que la administración regional tiene transferidas numerosas competencias, como sanidad, educación o empleo. 

Evolución de los trabajadores públicos

Evolución de los trabajadores públicos / RAMÓN AZAÑÓN

En base a este estudio, se puede comprobar cómo el porcentaje de trabajadores públicos que ejerce para la Junta de Andalucía en Córdoba es del 62,5% con respecto al total de profesionales de todos los sectores, porcentaje equivalente a la media andaluza, que se sitúa en el 62%, mientras que en España un 62,1% de personal público está vinculado igualmente a administraciones regionales.  

Distinción por sexos

Hasta julio de 2023 en el sector público cordobés había trabajado 22.250 hombres y 27.730 mujeres, por lo que las féminas equivalían al 55,48% del total. Este porcentaje supone una subida en comparación con los dos años precedentes, 2022 y 2021, en los que la proporción de mujeres ejerciendo en el sistema público de la provincia era del 54,7%. Hace diez años el peso femenino en la cartera de empleados públicos era muy inferior, pues se quedaba en el 49%.  

Análisis por administraciones

Si se analiza la evolución por administraciones entre julio de 2022 y el mismo mes de 2023, el incremento en la cifra de empleados públicos se debe fundamentalmente al crecimiento que se ha producido en la cantidad de personas que trabajan para la Junta de Andalucía, que son 4.034 más, lo que supone un aumento del 14% en los doce meses analizados, mientras que los empleados dependientes de la Administración General del Estado eran apenas 7 más en julio de 2023 (8.208) con respecto a julio de 2022, que eran 8.201, una subida del 0,08%. 

Por su parte, la cifra de trabajadores públicos en administraciones locales ha descendido entre julio de 2022 e idéntico mes de 2023, pasando de 10.634 profesionales a 10.498, 136 menos, una caída del 1,2%.

Situación hace cinco años

Volviendo al empleo público con cargo a la Junta de Andalucía, desde 2018, fecha en la que entró a gobernar el PP, había en Córdoba 23.629 trabajadores cuya nómina abonaba el Gobierno regional. Si se compara esa cifra con la de julio de 2023 (31.274 empleados), se han incorporado un total de 7.645 profesionales a esta administración, un ascenso del 32%. 

Oposiciones para acceder a una plaza de celador en la sanidad pública andaluza.

Oposiciones para acceder a una plaza de celador en la sanidad pública andaluza. / A.J. GONZÁLEZ

Cuerpos de seguridad

En lo que respecta al volumen de funcionarios y personal laboral dependiente del Estado, el aumento más llamativo se ha registrado en los últimos cinco años en la plantilla correspondiente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en las Fuerzas Armadas, ya que en julio de 2018 había 5.083 trabajadores de estos dos ámbitos y en julio de 2023 eran 463 más. En la Administración General del Estado, la variación ha sido menor en el mismo periodo de tiempo analizado, pasando de 2.417 empleados públicos en julio de 2018 a 2.597 en julio de 2023, 180 más. 

Por el contrario, se ha producido un descenso es en el personal de administración al servicio de juzgados y tribunales, que en 2018 estaba integrado por 186 trabajadores y en 2023 ha caído a 65, una reducción del 65%.

Plantilla de la Universidad de Córdoba

En la misma línea que este último ámbito, las plantillas de las administraciones locales de Córdoba, lejos de crecer han ido acortándose poco a poco en estos años, pasando de 11.916 trabajadores públicos en 2018 a 10.498 en 2023, 1.418 menos que hace cinco años, una bajada del 11%.

Otro sector que cuenta con una destacada cifra de empleados públicos es el de la Universidad de Córdoba. Según la información facilitada por dicha institución, con datos cerrados a septiembre de 2023, las cifras de personal docente e investigador (PDI) ascienden a 1.565 efectivos, mientras que las de Personal Técnico, de Gestión y Administración y Servicios (Ptgas) se eleva a 881 trabajadores, esto equivale a 2.446 trabajadores, 378 más que el año anterior, lo que supone un crecimiento del 18%.

Advierten de una "sobredimensión" de lo público"

Advierten de una "sobredimensión" de lo público"

La profesora titular de Economía Agraria de la Universidad de Córdoba Melania Salazar analiza para Diario CÓRDOBA las cifras de empleados públicos existentes y advierte de que el continuo crecimiento de la plantilla en este ámbito puede provocar una «sobredimensión» de lo público. Según su opinión, a lo que habría que aspirar es a una «reestructuración» de este sector, para que sea «más eficiente» y para que no sea necesario que las administraciones tengan que destinar cada vez más dinero para pagar el sueldo de los funcionarios, «mientras que el sector privado está soportando cada vez una mayor carga fiscal, que provocó que el pasado año quebraran 19.000 empresas en España». 

«Es insostenible que siga existiendo déficit público (España cerró 2023 con un déficit del 4,7%) cuando se ha registrado la mayor carga impositiva de la historia», señala. Salazar aboga por implantar en el sector público iniciativas y mejoras que ayuden a prestar servicios de forma más ágil, sobre todo en sectores clave como educación, sanidad y seguridad, y que sean accesibles para todo tipo de población, edades o nivel sociocultural.

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