Córdoba, provincia española con más ayudas a las comunidades energéticas

Córdoba es la provincia española con un mayor número de ayudas concedidas, y también con la cuantía más elevada, de la última convocatoria de incentivos a proyectos piloto singulares de comunidades energéticas, que ha sido realizada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) del Ministerio para la Transición Ecológica. La resolución provisional, publicada el pasado octubre, propone la concesión de nueve millones de euros a ocho proyectos cordobeses (los únicos en Andalucía), incluidos los tres de la capital. 

Estas iniciativas contemplan la construcción de miniplantas fotovoltaicas para abastecer de energía eléctrica a hogares, pymes y pequeños ayuntamientos, y recibirán una subvención media de 1,1 millones de euros. Así, la llegada de fondos Next generation permitirá reducir el coste que tendrán que abonar los socios de las cooperativas propietarias de las plantas fotovoltaicas. 

La actuación ha sido puesta en marcha por la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo (Faecta), la Diputación de Córdoba y grupo Mondragón, que exporta de esta manera la experiencia del País Vasco. Como se recordará, se han planteado 15 proyectos en la provincia. El presidente de Faecta, Francisco Molina, afirma que confían en lograr ayudas para los que han quedado fuera en la resolución provisional del IDAE.    

Los incentivos

Cada comarca cuenta con uno o dos proyectos. Las cooperativas que tienen subvención por el momento son, en la capital, Córdoba 1ª (centro y levante) y 2ª (sur, sureste, periurbano este-campiña, y norte), y Encinarejo (Encinarejo y Villarrubia). 

En el resto de la provincia, se ha propuesto la adjudicación para Guadiato 2ª (da servicio a Villaviciosa, Villanueva del Rey, Obejo y Villaharta); Pedroche (Pedroche, Villaralto, Torrecampo, Dos Torres, El Guijo, Añora, Alcaracejos, Hinojosa del Duque, Fuente La Lancha, Villanueva del Duque, Santa Eufemia y El Viso); Lucena 1ª (cinco centros cívicos); Puente Genil 1ª y Vega del Guadalquivir 2ª (Almodóvar, La Carlota, Guadalcázar, Fuente Palmera y Hornachuelos).  

Según detalla Francisco Molina, casi todos los proyectos se encuentran en fase de legalización, lo que quiere decir que se están presentando o se han trasladado ya a los ayuntamientos para conseguir la licencia urbanística (es el caso, por ejemplo, de la capital). También se están solicitando las conexiones (de la planta a la red) a Endesa, que gestiona la red pública de electricidad en Andalucía.

El objetivo es que cuando llegue la resolución definitiva de los incentivos estatales se pueda iniciar el proceso de incorporación de familias y pymes, porque ya se conocerá lo que tendrán que abonar. Faecta confía en abrir la fase de socialización en enero. A partir de ahí, comenzará la construcción de las plantas fotovoltaicas, que ocuparán una hectárea como mínimo y tendrán una producción media algo superior al megavatio anual. 

Estiman que cada instalación puede abastecer a una media de 700 hogares. Las ayudas cubren casi el 60% de la aportación. Los interesados en ser socios tendrán que facilitar a la cooperativa la CUP («el DNI del contador», explica Molina) y, atendiendo a su consumo energético, recibirán un informe personalizado de las placas que necesitan, así como del desembolso que tienen que realizar para entrar en el proyecto. Faecta calcula que si no hay ayuda, deberán realizar una inversión única de 1.500 euros, pero si se ha conseguido, se moverá entre los 800 y 900 euros. 

Asegurar la factura de los próximos 30 años

Las familias pagarán en torno a 3,5 céntimos por kilowatio, mientras que en la actualidad el precio más bajo es de unos 18 céntimos. Este es el importe que le costará producir su propia energía e incluirá el mantenimiento de la planta, seguros a todo riesgo y la gestión administatriva de la cooperativa. La comercializadora será la creada por Ekiluz para dar servicio a todas las cooperativas españolas que siguen este modelo, diseñado por la propia Ekiluz. 

Francisco Molina remarca que una de las principales ventajas de este sistema es que las familias asegurarán el precio de su energía eléctrica para los próximos 25 o 30 años, con indepencia de factores externos como las guerras o las crisis energéticas. En cuanto a las opciones que se plantean, si el socio cambia de domicilio puede aplicarlo a otro contador; si fallece, su participación será heredada por su familia y si renuncia, entrará un nuevo socio. 

Oficinas en los barrios

Además de impulsar la web Consumocooperativo.es, los promotores de estos proyectos abrirán oficinas en barrios para facilitar la incorporación de cooperativistas. Por otra parte, Francisco Molina adelanta que implantarán un sistema de democracia online, con una aplicación desarrollada por una cooperativa andaluza. Las familias podrán consultar, a través de sus teléfonos móviles, su producción y consumo energético, así como la documentación de la cooperativa. También podrán participar en las asambleas de forma online, proponiendo y votando, dada la dificultad de reunir físicamente a los centenares de socios de cada proyecto.

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