Incendio en el examen de bomberos: así funcionan los tribunales de oposición

La supuesta venta de un examen para 38 plazas de bombero-conductor que investiga la Unión de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional (UDEF) ha puesto en el foco mediático un proceso selectivo impulsado por el Ayuntamiento de Córdoba. La diligencia y honradez de quienes fueron tanteados en esa presunta venta de las preguntas tipo test del supuesto práctico (varios aspirantes), así como la de los delegados sindicales del SAB que tuvieron conocimiento de estos hechos y de los responsables municipales técnicos y políticos que los denunciaron ante la Policía Nacional también evidencian que el sistema funcionó a tiempo al detectar el fraude. A pesar de la desconfianza en este tipo de procesos y de que el riesgo aumenta cuanto más pequeña es la administración convocante, lo cierto es que son excepcionales los casos de fraude y que el sistema de acceso al empleo público funciona.

Suspenden el examen para 38 plazas de bomberos en Córdoba por la supuesta venta de la prueba práctica

El Ayuntamiento de Córdoba está ahora a la espera de la investigación de la Policía Nacional para retomar, si se puede, la convocatoria a la que solo restaba ya la realización del supuesto práctico y el callejero. Al proceso selectivo se presentaron unas 600 personas de toda España, aunque apenas un centenar habían llegado hasta aquí. La UDEF deberá determinar si se produjo una incidencia en la custodia de los test, si fue o no premeditada, cómo y quién se hizo con las preguntas --todo apunta a que es una persona ajena al Consistorio--, si contó con la colaboración de algún funcionario o si todo fue fruto de un descuido o una casualidad.

Reglas que regulan las convocatorias

Las ofertas de empleo público que aprueban y convocan las distintas administraciones públicas se rigen por las leyes de función pública y por el Estatuto del Empleado Público que consagra los principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia y seguridad jurídica en todo procedimiento de concurrencia competitiva pública. Cada una de las administraciones (estatal, autonómica o local) desarrolla su propia normativa para reglar estas convocatorias. El Ayuntamiento cuenta para ello con unas bases generales y unas instrucciones internas para articular sus oposiciones. Esta normativa es pública y se puede consultar en la sede virtual de Córdoba.

"Al principio pensamos que era una broma, pero vimos que iba en serio y fuimos a denunciarlo"

Ofertas Públicas de Empleo

Las ofertas públicas de empleo (OPE) --que negocian los sindicatos y el gobierno en función de las necesidades de plazas del Ayuntamiento-- disponen de tres años para hacer pública cada convocatoria. Una vez que se convocan y se publican en los boletines oficiales, se dan a conocer las bases de la convocatoria (aprobadas en la mesa general de negociación) que regulan jurídicamente cómo se seleccionarán esas plazas: si será por concurso-oposición o por oposición en turno libre, los requisitos de acceso para los aspirantes, los temarios y también la composición del tribunal.

El tribunal de la oposición

El tribunal de la oposición está formado por seis personas (presidente, secretario y cuatro vocales) y se da a conocer cuando se publica la lista provisional de admitidos. Es el teniente de alcalde de Recursos Humanos el que nombra al tribunal a propuesta de la Dirección de Recursos Humanos que puede pedir criterio a los cuerpos específicos que convoquen la plaza. Para la formación del tribunal se pueden emplear criterios de especialidad técnica como es el caso de un tribunal para oposiciones a Policía Local (en las últimas, por ejemplo, hubo miembros de otros cuerpos de seguridad como Policía Nacional y Guardia Civil, y un catedrático de la UCO) o estas de Bomberos, en el que se incluyó a un miembro del Consorcio de Bomberos. En la primera reunión, los miembros del tribunal (funcionarios con igual y superior capacidad de la plaza convocada que no tienen por qué ser de la casa) deben firmar una declaración para garantizar que no concurren en incompatibilidad ni tienen interés personal en el proceso (que entre los aspirantes, por ejemplo, no tienen un familiar). Los miembros del tribunal perciben una dieta por cada sesión que celebren.

Las preguntas filtradas del examen para bombero del SEIS de Córdoba se ofrecían por hasta 1.500 euros

El tribunal es el responsable de velar por la legalidad de todo el proceso selectivo (de todo) y es el encargado de redactar las preguntas que irán a examen. Cuando se acuerda el contenido de las pruebas, los miembros deben ser especialmente escrupulosos en el cuidado de la documentación y son responsables de su custodia. Si la convocatoria es pequeña y las fotocopias se hacen en el mismo Ayuntamiento son los seis miembros del tribunal los encargados de hacer las copias, meterlas en cajas que se precintan y se llevan a la caja fuerte hasta el día del examen. Si la convocatoria es masiva se recurre a la contratación de una empresa externa, en ocasiones de fuera de Córdoba, que firma un compromiso de confidencialidad.

Las fallas del sistema

Un fallo en la cadena de custodia de los exámenes puede suceder simplemente por imprudencia de uno de los miembros de un tribunal (dejar, por ejemplo, papeles a la vista de algún compañero). Si, por el contrario, la conducta de los empleados públicos fuera intencionada podrían enfrentarse a varios problemas administrativos (se les incoaría un expediente y acabarían suspendidos) e incluso penales porque podrían atribuírsele delitos como la revelación de secretos o el cohecho, que cometen aquellos que solicitan, aceptan u ofrecen dinero, regalos o favores a cambio de un acto relacionado con el ejercicio de la función pública. Si quien intentase vender los exámenes fuera una persona ajena al Ayuntamiento puede enfrentarse a otros delitos como la estafa.

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