El juzgado requiere al Ayuntamiento de Córdoba toda la documentación del contrato de patrocinio de la FIA

El juzgado de los Contencioso-Administrativo número 4 ha requerido al Ayuntamiento de Córdoba el expediente completo del contrato de patrocinio para la celebración del Acelerating Change a manos de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), después del recurso presentado por el PSOE al entender que se incurría en un fraude de ley. El juzgado ha requerido, entre otras cuestiones, la memoria del expediente, el informe de la delegación de competencias, los informes de asesoría jurídica y el de intervención, así como el decreto de aprobación y adjudicación del patrocinio que ascendió a 181.000 euros.

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El equipo de gobierno, por su parte, negó la mayor y recordó que el patrocinio contó con todos los informes pertinentes. En concreto se aludió a la memoria justificativa de este contrato de patrocinio en el que se resaltaba “de forma extensa y detallada la justificación razonada y precisa de la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, cumpliéndose con ello lo previsto en el artículo 28 de la Ley de Contratos del Sector Público”.

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600 delegados de todo el mundo

Cabe recordar que al encuentro de la FIA en Córdoba asistieron 600 delegados de todo el mundo de 140 países que permanecieron en Córdoba del 19 al 22 del pasado junio. Según los datos facilitados en su momento por la Asociación de Organizadores de Congresos, cada participante «tuvo como gasto medio por persona unos 335 euros, el triple de un turista tipo», lo que supuso un impacto económico en la ciudad de 1 millón de euros.

El pasado mes de julio, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, informó de que el grupo municipal presentaría un recurso contencioso administrativo contra el contrato de patrocinio firmado por el Ayuntamiento de Córdoba y la FIA por considerarlo fraude de ley. El contencioso se presentó, en concreto, contra el decreto aprobatorio del pliego de cláusulas administrativas y el de condiciones técnicas. El edil del PSOE entendía que había motivos para ejercer la acción judicial tendente a buscar la nulidad del contrato, porque a su juicio, se trataba de una suvbvención encubierta y que la finalidad del PP era reducir el control jurídico sobre la operación y por tanto, eludir el cumplimiento de reglas básicas de las subvenciones.

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En líneas generales, se puede decir que en un contrato de patrocinio importa el “impacto publicitario” que puede originar la actividad en la ciudad, mientras que en la subvención la finalidad que se persigue es hacer posible una actividad considerada "de interés público", aunque también se obtiene un reconocimiento público de la ayuda concedida, puesto que es obligatorio que el beneficiario de la subvención deje constancia de ella en carteles y otros actos de difusión.