Los desahucios siguen creciendo en Córdoba y se sitúan en niveles prepandemia

La crisis económica, el aumento de los tipos de interés y la subida del euríbor, así como el final de las medidas de contención aplicadas durante la pandemia provocaron en 2022 un aumento de los desahucios en Córdoba, que tras el parón del 2020, empezaron a crecer en 2021 manteniendo la tendencia el año pasado, según refleja la estadística de Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales que publica trimestralmente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según los datos publicados este viernes, en 2022 se practicaron en la provincia un total de 500 lanzamientos con cumplimiento positivo, un 23,4% más que en 2021 y un 44,5% más que en 2020, cuando se produjeron 346, alcanzan las cifras previas a la pandemia (ver gráfico). La mayoría de estos lanzamientos (250) tuvieron lugar en aplicación de la ley de arrendamientos urbanos mientras que las derivadas de ejecuciones hipotecarias son todavía una minoría en el cómputo global aunque han aumentado un 15,2% en un año. 

Según el abogado Miguel Calabrús, especialista en este tipo de procedimientos en Córdoba, «estamos viendo muchas demandas fruto de contratos de arrendamiento en los que los inquilinos abonan la primera cuota y la fianza y nada más, declarándose a partir de ese momento insolventes, lo que lleva a los propietarios a solicitar el desalojo de las viviendas». En estos casos, lo normal es que el desahucio se produzca en un periodo de tiempo de entre cuatro y cinco meses, afirma. Sin consecuencias penales, según Calabrús, «hay personas reincidentes que acuden a buscar viviendas con buen aspecto y dinero en metálico para cerrar el contrato rápidamente y proceder después de esta manera».Aunque lo normal es que los propietarios soliciten nómina y otro tipo de documentación para asegurarse el pago, hay quienes optan por no hacerlo y en algunas ocasiones acaban teniendo que desalojar los pisos por la fuerza. 

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Lanzamientos por ejecución hipotecaria

El número de lanzamientos por ejecución hipotecaria ha aumentado respecto a los dos últimos años, pero aún no ha llegado a los niveles máximos de los años posteriores a que explotara la burbuja inmobiliaria, ya que la moratoria aplicada durante la pandemia ha retrasado muchos procedimientos. Sin embargo, las demandas por ejecución hipotecaria se han disparado desde 2021, alcanzando en 2022 la cifra más alta desde 2016. «Lo que se espera para este 2023 es una oleada de desahucios por ejecución hipotecaria derivada de los procedimientos que se están abriendo en los últimos meses», señala Calabrús. Desde que los bancos interponen la demanda hasta que se ejecuta el desalojo, pueden pasar una media de entre seis y doce meses, recuerda.

El TC avala el decreto que suspendió los desahucios durante el estado de alarma

Según el letrado, «estamos viendo cómo la aplicación del euríbor está subiendo entre 200 y 300 euros la cuota hipotecaria en un momento de crisis económica que hace que muchas familias no puedan pagar». La asociación Anfane coincide con el diagnóstico y ya ha alertado en varias ocasiones de que este 2023 será un año de avalancha de lanzamientos por ejecución hipotecaria. 

Cuando se produce una demanda de este tipo, según detalla el abogado, los juzgados comprueban si se han aplicado cláusulas abusivas, ante lo que cabe la suspensión del lanzamiento, «pero solo en casos muy extremos». Asimismo, hasta junio de 2023, está vigente la moratoria de suspensión temporal de desahucios para personas en situación de extrema vulnerabilidad: desempleados sin prestaciones o empresarios y autónomos con pérdida del 40% de ingresos, así como unidades familiares (mínimo 3 personas) con ingresos inferiores a 1.613,52 euros mensuales.

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