El Ayuntamiento de Córdoba revisará de oficio todas las facturas del PFEA

El Ayuntamiento de Córdoba revisará de oficio todas las facturas emitidas a cargo del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) para adaptarlas rigurosamente a la normativa vigente y reconducir así la situación generada en la Delegación de Infraestructuras, marcada por el asunto judicializado del mismo nombre.

Así lo ha explicado a este periódico el actual delegado del área y también responsable de Gestión, Antonio Álvarez, después de que la Junta de Gobierno Local haya tenido que revisar de oficio una docena de facturas emitidas por seis empresas con cargo al PFEA de 2021 y sobre las que la Intervención municipal se posicionó de forma desfavorable. Si bien dichas facturas «no tienen nada extraño», según Álvarez, «en principio», la necesidad de «recondicir» la situación de la delegación ha llevado al actual equipo de gobierno a establecer una serie de límites normativos en torno a los contratos menores. Eso sí, tanto estas facturas como todas las del PFEA se han entregado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que está llevando a cabo la investigación del caso Infraestructuras.

Como indica Álvarez, existe una imposibilidad de pagar dichas facturas (que en conjunto superan los 24.600 euros) a las empresas que realizaron los trabajos dado que la Intervención informó de disconformidad. Ahora se precisa de un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía para declarar nulas dichas facturas y así poder indemnizar a las adjudicatarias.

"Ausencia de un procedimiento de contratación adecuado"

Según los informes aprobados en la Junta de Gobierno Local para la revisión de oficio de las facturas, en la adjudicación de estos contratos (todos de suministros de material) existía una «ausencia de un procedimiento de contratación adecuado» y se detalla que se prescindió «total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido».

El modus operandi fue el mismo en todos los casos. El por entonces jefe de la Unidad de Mantenimiento de Colegios y Edificios Municipales, a la postre principal investigado del caso Infraestructuras, otorgaba los contratos de materiales a estas empresas dado el inmiente comienzo de las obras financiadas mediante el PFEA y siendo imposible llevar a cabo la contratación por el procedimiento ordinario.

Las empresas adjudicatarias de dichas facturas, en este caso concreto, no son señaladas. Según los informes que han pasado por la Junta de Gobierno Local, «en las facturas objeto no puede apreciarse una concurrencia de culpas del contratista, pues los suministros prestados fueron solicitados por el personal de la Delegación de Infraestructuras responsable del mantenimiento de edificios y colegios».

Para evitar este tipo de problemas, y con el refuerzo de controles sobre la delegación, para los contratos del PFEA de este año, ha indicado Álvarez, se establecen contratos simplificados abiertos con un 75% de criterios a evaluar «objetivos y matemáticos».

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