AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

Las 10 medidas que Stop Desahucios propone de cara al 28M

La plataforma ha remitido a los partidos políticos y al alcalde propuestas que incluyen la recuperación de la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda y abrir el centro de emergencia habitacional

Miembros de la Plataforma Stop Desahucios, a las puertas del Ayuntamiento de Córdoba.

Miembros de la Plataforma Stop Desahucios, a las puertas del Ayuntamiento de Córdoba. / FRANCISCO GONZÁLEZ

Irina Marzo

Irina Marzo

La Plataforma Stop Desahucios en Córdoba presentó esta mañana un decálogo de medidas en materia de vivienda a los grupos municipales que tienen previsto concurrir a las elecciones municipales del 28 de mayo y al alcalde, José María Bellido. La intención de este colectivo es que se incluyan algunas de sus propuestas en los programas electorales, que pasan por recuperar la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda, construir viviendas protegidas y lanzar más ayudas al alquiler, o poner en marcha el centro de emergencia habitacional, entre otras.

Miembros de Stop Desahucios, a las puertas del Ayuntamiento de Córdoba.

Miembros de Stop Desahucios, a las puertas del Ayuntamiento de Córdoba. / FRANCISCO GONZÁLEZ

Miembros de Stop Desahucios han presentado este decálogo a escasas semanas de que se celebren los próximos comicios y con la demanda principal de recuperar la actividad de la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda. El colectivo entiende que fue un logro y una esperanza para muchas familias, pero actualmente se encuentra cerrada de facto, sin apenas actividad ni recursos asignados. La plataforma entiende que es fundamental que cuente con asesoramiento jurídico y mediación, para que pueda ser una herramienta efectiva.

Por otro lado piden la ampliación del parque público de vivienda, tanto en propiedad como en alquiler social, sea municipal o autonómico. Para ello se propone modificar el PGOU para crear reservas de suelo dotacional público y para garantizar que sólo se pueda calificar un suelo como urbanizable si responde a una necesidad de la población; además se pide destinar de manera obligatoria un 30% de las viviendas nuevas construidas y de las promociones de vivienda rehabilitadas a alquiler a precio regulado (marcar un tope asequible) reservando un porcentaje mínimo para personas con necesidades específicas de personas con diversidad funcional, familias mono-maritales o personas mayores de 65 años.

Abrir el centro de emergencia habitacional

Por otro lado se pide potenciar programas basados en la vivienda para atajar el sinhogarismo y la puesta en marcha del centro de emergencia habitacional. Asimismo, se pide mejorar la comunicación entre administración local, juzgados y empresas de suministros y agentes sociales para un mejor seguimiento de las solicitudes de vivienda pública, así como la coordinación entre juzgados y el Sistema Público de Servicios Sociales para prevenir los procesos de pérdida de vivienda.

La plataforma pide, además, que las ayudas de emergencia sean rápidas y estables, algo que en última instancia pasa por la ampliación y mejora de los recursos en Servicios Sociales y otras delegaciones municipales. Por otro lado se quiere evitar la gentrificación y la infravivienda. para lo que se propone que la revisión del planeamiento urbanístico y los usos permitidos, fomentar las cooperativas de cesión de uso, desarrollar acciones para limitar de los precios de alquiler, así como el fomento de la rehabilitación urbana de edificios a través de subvenciones directas a viviendas destinadas a alquiler asequible y social, evaluando a su vez las necesidades de rehabilitación en los barrios e identificando bolsas de infravivienda que necesiten actuaciones urgentes.

También se quiere fomentar la sensibilización ciudadana sobre las personas en situación de vulnerabilidad social, y se pide al Ayuntamiento que presione a bancos y fondos buitre para que sus viviendas vacías estén disponibles para alquiler social. Asimismo, se pide al Ayuntamiento que exija a la Junta de Andalucía que actúe contra los bancos que no informen a las familias de la titulización de los préstamos.