INVESTIGACIÓN
La Policía detiene a otro empresario por el caso Infraestructuras y prevé más arrestos
El apresado ha sido puesto en libertad y se le acusa de cohecho, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en Córdoba ha detenido a un empresario más dentro del conocido como caso Infraestructuras, que investiga las supuestas irregularidades en la concesión de contratos dentro de este área municipal, causa que ya está en los juzgados.
Según han informado a este periódico fuentes cercanas a la investigación, el empresario detenido este viernes ya ha sido puesto en libertad tras acogerse a su derecho a no declarar y se acusa de tres delitos: cohecho, falsedad en documento mercantil y pertenencia a grupo criminal.
Según ha podido saber este periódico, el empresario detenido habría facturado al Ayuntamiento alrededor de 100.000 euros a través de una empresa de reciente creación la cual, además, no tiene ningún empleado en nómina. Europa Press informa, además, de que las facturas presuntamente falsas se emitieron durante ocho meses del año 2021 y estaban relacionadas con trabajos de jardinería, carpintería y otros vinculados a la Delegación de Infraestructuras.
Las mismas fuentes han incidido en que la investigación (denominada Caronte I y Caronte II por su ampliación y a la que pertenece la última detención) continúa abierta y la Policía Nacional prevé que se produzcan más arrestos, sin concretar cuándo podrían llevarse a cabo.
Con la detención, ya son 13 los empresarios que han pasado por dependencias policiales a raíz de la investigación del caso Infraestructuras, que también supuso el arresto del antiguo delegado de Infraestructuras y ahora concejal no adscrito David Dorado. En la causa también están señalados un técnico de la delegación y la exgerente de la misma.
La Policía pide más contratos al Ayuntamiento
Este viernes también se ha conocido que la UDEF ha solicitado al Ayuntamiento de Córdoba más contratos que pudieran estar relacionados con el caso que se investiga. En este caso concreto, los contratos pedidos por la Policía se remontarían a los años 2021 y 2022, por lo que amplían el ámbito de sus pesquisas que hasta ahora se habían circunscrito básicamente al año 2020.
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En contra del criterio del Tribunal Supremo