«Hay que exigir al poder político más respeto por las instituciones»

El poder judicial lleva unos días acaparando el foco mediático a cuenta de la renovación (o de la falta de la misma) del Tribunal Constitucional. Mucho se ha dicho sobre este asunto en medios de comunicación, tertulias y redes sociales. Los cambios legislativos llevan unos meses en la palestra y buen ejemplo de ello es la nueva ley conocida como solo sí es sí. En Córdoba, por ejemplo, la Audiencia Provincial ya ha actuado de oficio y ha rebajado hasta 11 condenas (podrán ser más) a cuenta de ese principio de retroactividad más favorable para el reo. Sobre esto y otras materias, como las necesidades de la Administración de Justicia en Córdoba, habla el presidente de la Audiencia Provincial, Francisco de Paula Sánchez Zamorano.

Se están diciendo muchísimas cosas en torno a la polémica del Tribunal Constitucional, ¿qué opinión le merece todo este asunto? 

Se están sacando las cosas de cauce. El Tribunal Constitucional, efectivamente, tendrá que renovarse, pero ahora mismo ha dictado una resolución y lo mismo que en el Parlamento se aprueban leyes y no se pregunta por la mayoría ni por la ideología de la mayoría que ha conseguido la aprobación de la ley, la ley no se cuestiona y se cumple. En este caso pasa lo mismo. Ha habido una decisión del Tribunal Constitucional que podrá gustar más o menos, pero ha sido dictada por el Tribunal Constitucional, no por seis contra cinco, sino por órgano colegiado y por mayoría. Los jueces estamos también muy acostumbrados a dictar resoluciones en las que no siempre hay unanimidad. En cualquier caso, hay que exigir al poder político más respeto por las instituciones.

Son muchos quienes ponen el foco en que nunca el Tribunal Constitucional se había pronunciado sobre una norma durante el trámite parlamentario, ¿se sienta precedente? 

No entro ni salgo en el tema, siempre tiene que haber una primera ocasión. El tribunal no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad ni inconstitucionalidad de una ley, sino de un proceso. Ha entendido que hay que amparar a ciertos diputados para que el proceso de elaboración legislativa siga los cauces en los que no se les prive de la facultad, en materias tan importantes como discutir plenamente en el Parlamento esos entresijos. Lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que no es un método adecuado utilizar enmiendas en el curso del examen de la modificación de una ley que nada tiene que ver con esa ley. Eso es, simplemente, lo que ha dicho el tribunal y habrá que acatarlo.

"Lo que ha dicho el Constitucional es que no es un método adecuado utilizar enmiendas en el curso del examen de la modificación de una ley"

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Se habla mucho de la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional, ¿es imposible separar la política del poder judicial, la política lo baña todo? 

Por desgracia, es así. Pero yo tengo el pleno conocimiento de que sea cual sea la procedencia de esos magistrados, nombrados por el grupo conservador o el progresista, son gente de reconocido prestigio y que se dedican a aplicar y a interpretar el derecho de la forma en que lo entienden desde el punto de vista legal, pero no porque estén adscritos a nada, como los medios de comunicación pueden llegar a decir. Dentro del seno del seno de los tribunales, y en este caso del Tribunal Constitucional, los magistrados deliberan y resuelven en función de su convicción jurídica.

 Otra polémica de los últimos meses viene a cuenta de la conocida como ley del solo sí es sí. 

A lo largo de mi vida profesional he visto muchos cambios legislativos y siempre, en el derecho transitorio de pasar de una a otra legislación, lógicamente, con independencia de que pueda haber una norma interpretativa o alguna disposición transitoria, rige el principio rector de aplicar la ley penal más favorable. Si la nueva ley es más favorable hay que aplicarla. Aquí hay que examinar caso por caso, por supuesto, pero eso no quiere decir que podamos hacer abstracción de ese criterio rector que nos vincula a los jueces. Incluso podríamos incurrir en responsabilidad por nuestra parte si alguna persona está cumpliendo condena cuando ya debería estar cumplida si aplicásemos el principio de la retroactividad más favorable.

Bajando a lo local, ¿cuándo cree que llegará la esperada nueva Oficina Judicial? 

Eso sigue siendo un desiderata. Sé que hay buena voluntad por parte de la administración autonómica y del ministerio y de todas las personas que estamos implicadas en esta materia de que se implante. En definitiva, la implantación de la nueva Oficina Judicial es lo que va a procurar que se implante con mayor comodidad la idea de los tribunales de instancia, ir ya suprimiendo tanto juzgado disperso y agrupar energías humanas (jueces) en un mismo órgano a los que se pueda prestar servicio o apoyo por parte de los funcionarios a través de esa oficina.

Frente a algo que no llega, algo que parece que sí lo hará en 2023, la nueva sede judicial de Lucena. 

Está ya la estructura, pero en materia de ejecución de obras es raro que se cumplan todos los plazos. Es ya una realidad, eso sí, que esté para final de 2023 o primeros o mediados de 2024 depende de los plazos. Pero sí, es una gozosa realidad.

Hablaba en mayo de este año de cierta preocupación por un aumento de la violencia machista y familiar entre niños y adolescentes. ¿Qué estamos haciendo mal? 

Yo siempre digo que es un problema de educación. Hay que trabajar mucho el tema en la familia y, sobre todo, en la escuela y los medios de comunicación ayudando también en ese objetivo común. Desgraciadamente, se da réplica de los comportamientos de mayores en los menores y cada vez hay más casos de violencia de género en los juzgados de Menores. En las primeras relaciones sentimentales que entablan los jóvenes se dan esos comportamientos que no son deseables y que hay que atajar. Hay que tratarlo desde el punto de vista represivo, hay que reprimir esos comportamientos, pero sobre todo preventivo, hay que evitar que ocurra a través de la educación.

También habló en ese momento del colapso del juzgado de lo Penal 6, que lleva, precisamente, los casos de violencia de género. ¿Ha mejorado en algo la situación? 

El Penal 6 es un juzgado que está muy desbordado, pese a la buena voluntad y al gran esfuerzo que tanto funcionarios como la jueza y la letrada de la Administración de Justicia están realizando. Recientemente, hemos reforzado el juzgado con dos funcionarios más de aquellos que puede el presidente disponer del Servicio de Extensión Territorial Variable y ahora están asignados ahí a ver si le dan un nuevo impulso. Pero si el órgano que resuelve sigue dependiendo de una magistrada y una letrada, lógicamente se hacen cosas, pero no es lo deseable. Lo deseable ya lo pusimos de manifiesto en la última Comisión Provincial de Violencia de Género que tuvimos en Córdoba y que contó con la participación del secretario de Estado de Justicia, la necesidad de crear un refuerzo a través de un juzgado bis o cualquier otro mecanismo para reforzar ese juzgado de lo Penal. Eso supondrá reforzar también la Audiencia Provincial porque esta sección, que yo también presido, tiene asignado el conocimiento de las causas de violencia sobre la mujer, los recursos que se planteen contra las decisiones del juzgado de lo Penal número 6 y aquellos otros casos más graves que tenga que enjuiciar la Audiencia.

¿Y en la Audiencia hace falta también ese refuerzo? 

Siempre. Ahora mismo, las dos secciones penales están dotadas cada una de cuatro magistrados, las entiendo suficientes, pero con una carga de trabajo muy importante. Pero la sección Civil sí hace falta reforzarla, crear de planta una nueva plaza más para que esté dotada de seis, y habrá que ir reforzándola con el tema de cláusulas suelo para que los señalamientos que haga el presidente de la sección Civil no se demoren más de siete u ocho meses. Hay un buen equipo de magistrados que trabajan mucho, pero no dan abasto. 

¿Se sigue notando el efecto de la pandemia del covid-19 y, sobre todo, del confinamiento? 

Ya se está diluyendo. El parón de la pandemia, lógicamente, supuso una reordenación de las agendas de señalamientos de todos los órganos judiciales, pero ya a lo largo del tiempo se ha ido asumiendo y ya está prácticamente normalizado. Normalizado, eso sí, dentro de lo que era un funcionamiento, en algunas jurisdicciones, deficiente, en otras, bien. La Contenciosa está bastante bien, los juzgados de Instrucción funcionan bastante bien porque tienen una carga razonable de trabajo, otra cosa son los de Primera Instancia, que aquí hacen falta como dos o tres juzgados más porque mientras no se creen los tribunales de instancia habrá que crear dos o tres órganos más; en lo Social se creó hace unos años uno más, pero también tienen bastante trabajo, y la Audiencia Provincial lo ya señalado. Menores funciona razonablemente bien y los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de los pueblos también están bien, aunque las plantillas en muchos de ellos son escasas.

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"Los efectos del parón del covid en la Administración de Justicia ya se están diluyendo"

¿Cuáles son las principales necesidades de los juzgados de la provincia? 

Fundamentalmente, el personal auxiliar, funcionarios. Y prácticamente en todos. La violencia de género no está provincializada y yo soy de esa opinión, hay quien puede poner el grito en el cielo si se crea un juzgado de Violencia sobre la Mujer más en Córdoba y se quita de los juzgados de pueblo porque pueden pensar que supone un alejamiento de la justicia del ciudadano, eso no es así, las comunicaciones son muy rápidas y ningún pueblo está a más de 50 minutos de la capital y podría centralizarse. En un pueblo, el juzgado que lleva Violencia sobre la Mujer, normalmente, su agenda diaria muchas veces se va al garete porque cada atestado, prácticamente, lleva aparejado un detenido. Entonces, el juez tiene que atender con preferencia a la víctima y al detenido y si tiene unos señalamientos tienen que demorarse y provoca mucha distorsión en el buen funcionamiento de los juzgados de pueblo que se solventaría, a efectos de la carencia de funcionarios, provincializando o comarcalizando, que ya en muchos territorios se ha hecho, pero aquí no dan los números para que, por ejemplo, Lucena lleve toda la zona sur.

Las mujeres son mayoría en la Administración de Justicia en Córdoba, pero no ocurre lo mismo en la Audiencia Provincial, donde de 14 magistrados solo tres son mujeres. 

Es cuestión de tiempo. El perfil medio de un miembro en la carrera judicial es el de una magistrada con 47 años. Un 58% de los miembros de la carrera judicial son mujeres, juezas o magistrada. El acceso a las plazas que no son discrecionales es por tener el mejor número en el escalafón, como la incorporación de la mujer no ha sido masivamente, sino a partir de los años 80 o 90, es cuestión de tiempo. Cuando yo llegué aquí no había mujeres en la Audiencia Provincial, ahora tenemos dos titulares y una en comisión de servicio. De aquí a siete u ocho años serán mayoría en la Audiencia Provincial.

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