El tercer sector exige subir el coste-plaza de los servicios concertados de discapacidad

"Momento económico delicado"

Uno de los temas más graves en el que los representantes del tercer sector coincidieron es «el delicado momento económico» que afrontan las empresas que prestan servicios relacionados con la discapacidad en Córdoba, fruto del parón que supuso la pandemia, que provocó una reducción del número de usuarios de hasta un 30%, del que solo se han recuperado parcialmente.

A eso se suma el incremento de los costes salariales y la inflación derivada de la Guerra de Ucrania, «que no ha conllevado la actualización del coste-plaza que la administración paga por las plazas concertadas, cada vez más alejado del coste real». Según los datos aportados, una plaza pública para una persona discapacitada cuesta seis veces más de lo que se paga por una concertada, lo que ha provocado que las empresas de economía social estén viviendo «la peor crisis de las últimas décadas», aseguran preocupados. 

La pandemia redujo el número de usuarios hasta un 30% y aún no se han recuperado

Cuando se les pregunta qué piden de cara al futuro, el presidente de Promi resume rápido: "Queremos sobrevivir, seguir haciendo lo que hacemos, prestar servicios a las personas que lo necesitan, y para eso la prioridad es resolver el problema económico al que nos enfrentamos». Así, explican que los costes de personal suponen más del 75% de sus ingresos, una partida que ha aumentado por la subida del salario mínimo y el IPC (3,5% para el año proximo), «que tenemos que cumplir por ley y porque no queremos recortar derechos a nuestros trabajadores», afirman. El resto se va en alimentación y pago de suministros, con incrementos de hasta el 14,5%. Así, afirman que «hay entidades pequeñas asfixiadas y vamos a ver cómo muchas acabarán muriendo sin el apoyo necesario». Recuerdan además que la huida de personal es más grave en su sector que en el ámbito público porque no pueden competir en salarios. «El tejido social necesita personal sociosanitario también y o buscamos una solución para todos o el problema cada vez será más acuciante», destacan. Blas García aseguró que Andalucía es una de las comunidades que están en peor situación porque aquí se aplican convenios que se negocian a nivel nacional sin tener en cuenta el coste-plaza de cada territorio «cuando lo que se paga aquí es bastante menos». Por eso, insistió en que «ni un solo centro de día o residencia para personas discapacitadas es sostenible actualmente». 

Poca agilidad de la administración

Otra de las cuestiones a resolver es la lentitud de la administración a la hora de conceder ayudas o resolver demandas del colectivo. El concejal Bernardo Jordano apuntó que, si bien el Ayuntamiento de Córdoba está trabajando para simplificar los procesos administrativos, «la falta de agilidad de las administraciones está lastrando el trabajo del tercer sector». Asimismo, señaló la necesidad de mejorar la coordinación entre las administraciones, para evitar que la respuesta a las entidades se demore más de lo estrictamente necesario. «El problema al que nos enfrentamos es el monstruo burocrático que hemos creado a lo largo de los años y la imposibilidad de mover la administración al ritmo que requiere una realidad tan cambiante como la actual». 

El reto de la inserción laboral

Promi, Prode, Fepamic y Futuro Singular dan trabajo actualmente a más de 2.500 personas en Córdoba, más del 85% de las cuales son personas con discapacidad. Conseguir un empleo es objetivo prioritario para garantizar el desarrollo personal y la autonomía. En este sentido, las organizaciones cuestionan el nuevo modelo de centros especiales de empleo. «La reforma laboral ha sido la muerte para nosotros», ha asegurado el presidente de Promi, «antes funcionábamos como una ETT para las empresas, pero desde que se aprobó la ley, hemos pasado de 300 a 80 trabajadores», comentó. Sara Rodríguez recuerda que son los centros especiales de empleo los que están creando puestos de trabajo para personas con discapacidad: «Hemos tenido que aprender a ser empresarios ante la escasa implicación de la empresa privada y el sector público», afirmó. Según Blas García, la tasa de actividad y la tasa de empleabilidad de las personas con discapacidad es un 41% más baja que la media y eso se debe «a que se cansan de intentarlo y muchos ni siquiera se inscriben». En su opinión, «hay que hacer que se cumpla la ley que obliga a las administraciones a reservar un porcentaje de cualquier presupuesto a discapacidad y a las empresas con más de 50 trabajadores, un 2% de su plantilla». La realidad es que «más del 60% no lo cumple».  

"Estamos sacando plazas reservadas para discapacidad y algunas quedan desiertas, no podemos permitir que esto ocurra, hay que aprovechar cada plaza pública que sale».

Por su parte, Bernardo Jordano recordó que al menos el Ayuntamiento de Córdoba está sacando convocatorias con reserva de plazas para discapacidad, «algunas de las cuales quedan desiertas». Para el concejal, que reconoce las dificultades para adaptar los temarios de las oposiciones, «no podemos consentir que esto ocurra, hay que aprovechar cada plaza pública que sale». En cuanto a la contratación de servicios, Sara Rodríguez explicó que desde la federación están en conversaciones con la Junta de Andalucía para realizar un catálogo de los que ofrecen las empresas sociales de discapacidad para que sepan qué pueden contratar con ellos.