La autonomía de las personas con discapacidad, objetivo prioritario

Mejorar la autonomía de las personas con discapacidad en función de sus posibilidades. Ese es uno de los objetivos prioritarios de las organizaciones que trabajan con este colectivo en Córdoba, para lo cual, creen que ha llegado el momento de revisar el modelo. Según los presidentes de Futuro Singular, Fepamic, Promi y Prode, la pandemia puso sobre la mesa las dificultades de gestión pueden producirse en determinadas circunstancias en los grandes centros residenciales y consideran que en el caso de la discapacidad, «que no debe equipararse a la situación de los mayores como se ha hecho durante la pandemia porque no tienen las mismas necesidades», subrayó Ángela Amate, hay que avanzar hacia una atención más personalizada y aumentar la oferta de viviendas tuteladas. «Muchas familias se llevaron de las residencias a sus hijos por miedo al covid, por la tendencia a la sobreprotección o por cuestiones económicas y hemos visto que ha habido retrocesos en muchas terapias», explicaron. El propio Ayuntamiento, según el concejal de Inclusión, Bernardo Jordano, tuvo que suspender las prácticas de personas con discapacidad para protegerles de posibles contagios.

En las residencias, recordaron, ese afán de protección llevó a que las personas con discapacidad tuvieran que cortar el vínculo con sus familias, con efectos traumáticos para muchos de ellos, cuando el resto de la población se movía con libertad, pese a que su vulnerabilidad frente al virus no era la misma que la de una persona mayor. Recuerdan que la barrera que supone la mascarilla, que aún se exige en los centros residenciales de personas con discapacidad, supone una barrera importante para comunicarse y trabajar en este ámbito. Tras la experiencia acumulada durante más de dos años de pandemia, desde el tercer sector se aboga por ofrecer un servicio cada vez más personalizado y adaptado a las necesidades de cada persona con discapacidad. «Vivir en centros masificados no debería ser una meta», recalcó Blas García, presidente de Prode, «hay que ir a centros más pequeños y a viviendas tuteladas que den más autonomía a las personas con discapacidad física y, según los grados, a las personas con discapacidad intelectual, no podemos comparar mayores y discapacidad ni meter en el mismo saco a toda la discapacidad».

En este sentido, explicaron que «no se trata de un problema de presupuesto sino de concepto porque una plaza en vivienda tutelada tiene un coste similar al de una plaza de adulto en residencia». En opinión de los representantes del tercer sector, los centros tienen que ser habitables y quienes puedan, deben tener la opción de optar a una vivienda tutelada, un modelo que ya existe en determinados ámbitos aunque es muy minoritario y que «propicia la inclusión real y ofrece más autonomía a las personas con discapacidad», sentenció García. Por su parte, Bernardo Jordano cree que es necesario llevar a cabo experiencias piloto a partir de las cuales se puedan presentar propuestas y comprobar los recursos que se requieren para que funcionen.

 La mesa redonda abordó otras muchas cuestiones, entre ellas, la de la inclusión en el ámbito educativo. En este apartado, las organizaciones destacaron la falta de profesionales sociosanitarios en los colegios para atender necesidades muy diversas, mientras que Fepamic, una de las entidades que se presenta a la licitación de los puestos de orientación y atención en los centros, cree que existen recursos, pero no se controla eficazmente la ejecución de los servicios contratados, lo que genera en la práctica desajustes importantes.