La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, ha participado esta mañana en Córdoba en una jornada informativa sobre Prestaciones y Programas de Garantía de Ingresos que ha abarrotado la sala Mudéjar del Rectorado de representantes de organizaciones sociales que trabajan en el ámbito de la exclusión social. En este marco, Ruiz ha informado sobre el desarrollo del nuevo Ingreso por la Infancia y la Inclusión, el llamado IPII, que sustituirá a la actual renta mínima de inserción de Andalucía y será, por primera vez, compatible con el empleo, así como con otras ayudas como el ingreso mínimo vital estatal (IMV). Según los datos aportados por Ruiz, "el 10% de los andaluces se encuentran en situación de extrema pobreza", pero el IMV no está llegando a todos los que lo necesitan.
La consejera ha informado de que su intención es llevar en marzo al Parlamento andaluz el nuevo decreto para su aprobación, una vez consensuado con el resto de fuerzas políticas, que ya tienen el borrador, y mejorado con las aportaciones que puedan llegar desde foros como la jornada celebrada hoy en Córdoba. Este nuevo ingreso abordará los recursos económicos para que las personas puedan salir de una situación de exclusión, cubriendo sus necesidades básicas para facilitar su desarrollo integral. “Pero lo más novedoso e importante, es que incluye itinerarios formativos y un proyecto individualizado de inserción social y laboral para que todos los andaluces y andaluzas tengan las mismas oportunidades”, ha asegurado. El IPII será además compatible con un puesto de trabajo, ya que “la crisis ha derivado en una nueva tipología de clase social, la de trabajadores pobres o familias que, a pesar de contar con un trabajo no superan el umbral de la pobreza”.
"Queremos construir un nuevo paradigma, un nuevo modelo y superar el asistencialismo, lo que algunos llamaban la paguita eterna que supone un elemento desincentivador para ir hacia la inclusión real", ha destacado, "en nuestra opinión, las anteriores rentas mínimas, además de los procedimientos largos y farragosos que alargaban el procedimiento de acceso a las personas vulnerables, también adolecían de otra gran debilidad, que no era compatible con el empleo", ha destacado Ruiz. En su opinión, "la mejor política social es que las personas consigan un empleo y está basado en programas de inserción social y laboral y en la educación como pieza clave para romper la pobreza estructural que sufre Andalucía en la infancia, con el objetivo de que nadie abandone el sistema educativo prematuramente y rescatar a quienes lo han hecho para formarlos e insertarlos laboralmente, de ahí el nombre del IPII".
Este nuevo IPI pretende aspira a llegar en un primer momento a unos 800.000 andaluces, que son los que conforman la bolsa de personas en situación de exclusión o pobreza extrema en la comunidad. El IPII contará con complementos especiales para las familias con hijos, fomentando la protección de las familias en general y de las monoparentales en particular. En este sentido, Ruiz ha insistido en que la mayoría de las familias monoparentales están constituidas por mujeres, que también sufren en mayor medida los problemas de conciliación. Por eso, los complementos prevén además ayudas concretas de conciliación, para el transporte y para reducir la brecha digital. "Será un ingreso revolucionario por el cambio de concepto", ha recalcado.
El proceso de negociación del decreto empezará la semana que viene y según Ruiz, vemos buena disposición de todas las partes. "Creo que esta medida es nueva porque nunca una renta mínima había sido compatible con el empleo y yo creo que ese es el salto cualitativo que debemos dar, además de trabajar por una administración fuerte y ágil para simplificar los trámites de la renta mínima vital", ha destacado, "con un sistema interoperable que será posible a un proceso de digitalización que se está llevando a cabo". Cuando el IPII se ponga en marcha, desaparecerá la renta mínima de la Junta de Andalucía actual que en el año 2021 benefició a 2.053 familias en Córdoba (un total de 4.184 personas) con un importe total de 8,6 millones de euros. El importe medio anual por unidad familiar de esta ayuda fue de 4.186 euros.
En la jornada se ha presentado un estudio de una experta sobre rentas mínimas, la directora de la fundación ISEAK y catedrática de Economía, Sara de la Rica, y ha contado con la presencia de consejeros de otras autonomías para conocer qué políticas se aplican fuera de Andalucía en este ámbito, así como miembros de la Red de Lucha contra la Pobreza y de Unicef.
"Hay que llegar a las familias en extrema pobreza que no solicitan el IMV"
La catedrática de Economía Sara de la Rica ha presentado las conclusiones de un estudio sobre rentas mínimas según el cual del 10% de la población andaluza se encuentra en situación de extrema pobreza, solo un tercio recibe el Ingreso Mínimo Vital y hay un volumen importante de potenciales beneficiarios que ni siquiera lo solicitan. De la Rica ha insistido en que de cara a la puesta en marcha del nuevo IPI andaluz, es fundamental realizar políticas activas o crear oficinas de atención en los barrios más vulnerables para llegar a esa población y que soliciten estas ayudas para su integración real en la sociedad. De ahí que Andalucía esté estudiando cuáles son los perfiles a los que no llega el IMV y por qué hay quienes no lo solicitan.
El estudio señala además que en cuanto a la cuantía del Ingreso Mínimo Vital estatal, es suficiente para erradicar la pobreza extrema de los hogares aunque el complemento regional es necesario para sacar a las familias del riesgo de pobreza, que suponen umbrales de renta distintos. Las estimaciones realizadas indican que será especialmente eficiente con los hogares monoparentales, ya que el coste de mejorar la situación económica de una familia con muchos miembros es más elevado.
