Un abogado de Madrid ha presentado en tiempo y forma una alegación contra la expropiación forzosa de Caballerizas, un proceso encaminado a que este inmueble histórico propiedad del Ministerio de Defensa pase a manos del Ayuntamiento de Córdoba. La alegación, que ha llegado hoy mismo, ha obligado a suspender el consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba previsto este viernes 17 de diciembre, una sesión extraordinaria con un solo punto: aprobar definitivamente la expropiación del edificio de Caballerizas Reales. El presidente de la GMU, Salvador Fuentes, se ha visto obligado a aplazar la reunión a la semana próxima, para que los consejeros puedan tener conocimiento de la nueva alegación, así como del informe que el Servicio de Patrimonio evacúe para su contestación. Este periódico ha podido saber que el particular alega argumentos y expone dudas jurídicas parecidos a los expresados por la Intervención municipal sobre el proceso de expropiación elegido por el Consistorio para quedarse con el edificio.

La premura en la convocatoria de hoy tenía que ver con los plazos que marca la administración para el cierre de esta operación. El presidente de la Gerencia, Salvador Fuentes, ya indicó ayer que la idea es que el Ayuntamiento ocupe el edificio como propio este mismo mes de diciembre y esta misma idea ha sido confirmada hoy por el alcalde, José María Bellido, que ha recordado que se trata de un proceso “complejo”. No obstante, el regidor ha asegurado que el tema “va como tenía que ir” y que la expropiación forzosa fue el método pactado por las dos administraciones al no haber acuerdo en el precio del inmueble. “Como hay un desacuerdo sobre el precio vamos al expediente de valoración , ha dicho para añadir que el hecho de que el Ministerio de Defensa haya pedido al Ayuntamiento de Córdoba 10 millones —frente a los 2 que ofrece de partida el Consistorio— era algo que esperaban y parte de este acuerdo.

Para pagar el IBI

En todo caso, una vez que se apruebe la expropiación de manera definitiva en el seno de la GMU, habrá que pasar un periodo de exposición pública para que se inicie propiamente la expropiación. Bellido ha explicado que quieren firmar antes de final de año el acta de ocupación para lo que citarán a Defensa en estos días. De este modo, “independientemente del acuerdo sobre el precio, el edificio pasará a estar ocupado por el Ayuntamiento de Córdoba antes de final de año”, ha asegurado.  

Esa es la explicación dada hoy por el alcalde para la premura de la GMU, llegar a tiempo antes de final de año y también por una cuestión de lealtad institucional, para que Defensa no tenga que pagar el IBI del 2022 y lo asuma ya el Consistorio. Una vez que se sigan estos pasos, será el jurado provincial de expropiaciones el que diga el valor definitivo de Caballerizas que deberá abonar el Ayuntamiento.

Críticas de Vox

Vox ha lamentado "la chapuza" del expediente de Caballerizas Reales, y mantiene su postura sobre su expropiación, un procedimiento que consideran "inadecuado". Voz lamenta que "con el coste que puede suponer a la ciudad, se esté improvisando, es muy arriesgado, por lo que seguimos insistiendo en que es un procedimiento a todas luces inadecuado, no se puede decidir expropiar un bien sin justificar los motivos, que además están tasados por ley, y menos, poner el precio sin negociar con el propietario del inmueble”, ha criticado la portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli.

La portavoz municipal de Vox considera que “seguir avanzando en este procedimiento y este expediente de esta forma, solo puede llevarnos a tener que pagar mucho más de lo que vale y a ni siquiera tener garantizado que va a llegar a buen puerto. Sospechamos que incluso el procedimiento pueda acabar declarándose nulo y obligar a volver a empezar”. El pasado mes de septiembre, Vox ya dijo que este expediente era "una auténtica temeridad, no avalada por las legislación especial vigente, como las leyes de Patrimonio del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que, además, sentaría tal precedente que permitiría mañana hacer lo mismo a cualquier Gobierno municipal en Córdoba con la Mezquita-Catedral, o al alcalde de Granada expropiar a la Junta de Andalucía la Alhambra o al de Sevilla, hacerlo con las Ataranzas, poniéndole a cada cosa además el precio que quisieran".